Victoria López Núñez
El ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, reveló que las designaciones bajo investigación en el sistema educativo provincial representan una cifra inicial cercana a los 300 millones de pesos mensuales. La situación se conoció en medio de las denuncias por presuntos nombramientos irregulares vinculados al caso de la denominada escuela fantasma.
En Día de Miércoles, el funcionario confirmó que la Sindicatura General de la Provincia y el área de Recursos Humanos intervienen en la revisión de cargos y designaciones que podrían no haber cumplido los mecanismos administrativos establecidos.
“Han aparecido algunas denuncias sobre designaciones que no habían pasado por el proceso que tenían que pasar”, explicó el ministro, quien confirmó que ya se adoptaron medidas preventivas.
“En este momento se han suspendido los pagos de esas personas”, aseguró, aunque aclaró que todavía resta determinar la situación particular de cada trabajador involucrado.
De este modo, explicó cuánto dinero representan para las arcas provinciales las designaciones cuestionadas, Dib Ashur precisó: “Hay un número inicial, que son cerca de 300 millones por mes”.
Sin embargo, evitó afirmar que la totalidad de ese monto corresponda a empleados que cobran sin trabajar o a nombramientos ilegales.
“No puedo decirlo porque, hasta que no esté dictaminado con Sindicatura y con Recursos Humanos, hay que ver si corresponden o no”, aclaró.
El funcionario sostuvo que entre los casos investigados podrían encontrarse trabajadores correctamente designados bajo regímenes especiales o personas que efectivamente prestan servicios, por lo que consideró necesario completar la revisión administrativa antes de tomar decisiones definitivas.
Otro aspecto que fue tratado por el ministro fue la responsabilidad sobre los controles del personal estatal.
Dib Ashur explicó que cada ministerio debe supervisar a sus propios trabajadores y que el sistema educativo cuenta con procedimientos específicos para la cobertura de cargos.
En particular, señaló que el ingreso y las designaciones docentes se realizan mediante mecanismos en los que interviene la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, integrada por representantes del Gobierno y de los gremios.
Según explicó, las autoridades educativas tienen facultades para administrar cargos, suplencias y otras modalidades de prestación de servicios.
En ese contexto, consideró que la intervención de organismos externos al Ministerio de Educación evidencia que los mecanismos habituales de control no fueron suficientes para despejar las denuncias.
El ministro indicó que Recursos Humanos continúa analizando la documentación para determinar cuáles designaciones se ajustan a la normativa.
Mientras tanto, los pagos cuestionados permanecen suspendidos, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre la totalidad de los casos.
Dib Ashur también buscó diferenciar las irregularidades denunciadas del funcionamiento general del sistema educativo provincial.
“Hay profesores que hacen bien su trabajo y hay maestros que hacen bien su trabajo”, remarcó, al destacar la tarea de quienes cumplen sus responsabilidades.
La investigación deberá establecer ahora cuántas designaciones fueron realizadas correctamente, cuáles incumplieron los procedimientos y qué parte de los 300 millones de pesos mensuales mencionados corresponde efectivamente a pagos improcedentes.
