Iván Luis
El Gobierno nacional apeló el fallo del juez Martín Cormick que declaró parcialmente inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó avanzar con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, con el objetivo de revertir una decisión que obliga al Ejecutivo a aplicar la norma y que, según argumenta la administración de Javier Milei, podría comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
En su presentación, el Gobierno calificó la interpretación judicial de las normas presupuestarias como «arbitraria y fragmentaria» y sostuvo que la ley no establece una fuente de financiamiento específica y suficiente para cubrir los gastos previstos. Además, advirtió que, si los fondos debieran obtenerse mediante reasignaciones presupuestarias, sería necesario recortar partidas destinadas a otras áreas del Estado. Según los cálculos incluidos en el recurso, la aplicación de la norma exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios de la Administración nacional.
Otro de los ejes de la apelación apunta al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para el Ejecutivo, esa vía judicial no sería adecuada para resolver una controversia que requiere analizar montos, fuentes de financiamiento y cuestiones vinculadas con la normativa presupuestaria. También planteó que mantener la sentencia podría afectar la división de poderes al imponer la ejecución de gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen de administración financiera y el Presupuesto vigente.
La disputa judicial vuelve a poner en el centro del conflicto la financiación de las universidades públicas y las obligaciones presupuestarias del Estado nacional. Mientras el Gobierno busca que la Justicia revise la decisión de primera instancia, la aplicación de la ley continúa siendo objeto de controversia. El resultado de la apelación será clave para determinar cómo deberá proceder el Ejecutivo frente a los reclamos del sistema universitario y qué alcance tendrá la obligación de cumplir con los fondos previstos en la normativa.
(Con información de Perfil)
