Malvinas: el Gobierno creó un sistema para coordinar toda la política exterior

El Decreto 983/2026 obliga a organismos nacionales a informar reuniones, negociaciones y acuerdos internacionales que puedan afectar intereses estratégicos argentinos.
Política11/09/2026

Javier_Milei_Argentina_Brasil

El Gobierno nacional oficializó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una herramienta que buscará coordinar las actividades internacionales de los distintos organismos del Estado y evitar posiciones contradictorias en temas estratégicos, con especial atención sobre la cuestión Malvinas.

La medida fue establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y funcionará bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El nuevo esquema obliga a organismos y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional a informar a Cancillería sobre reuniones, comunicaciones, negociaciones y otras actividades internacionales que puedan influir en la posición exterior argentina.

La obligación alcanza especialmente a aquellas gestiones que puedan fijar posiciones oficiales, incidir en negociaciones diplomáticas, generar consecuencias políticas o jurídicas, o involucrar la firma de convenios, memorandos de entendimiento y declaraciones conjuntas.

El decreto incorpora además una cláusula específica sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Cualquier acción que pueda afectar directa o indirectamente la soberanía argentina sobre esos territorios deberá ser informada y coordinada con Cancillería.

Cada organismo deberá designar además un enlace institucional para mantener comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando una gestión tenga especial sensibilidad estratégica, también podrá solicitarse la participación de funcionarios del Servicio Exterior.

El Gobierno presentó el nuevo sistema como parte de las medidas destinadas a reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas y a garantizar una actuación uniforme frente a gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

La decisión se suma a la ofensiva diplomática y jurídica que el Ejecutivo viene impulsando en las últimas semanas sobre Malvinas, con sanciones a empresas vinculadas con la explotación de recursos y nuevos proyectos legislativos sobre soberanía.

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