Fentanilo contaminado: alarma en el Gobierno por las menciones a Lugones en la investigación

La investigación judicial por el fentanilo contaminado que causó la muerte de más de noventa personas golpeó la puerta del ministerio que lidera Mario Lugones y generó preocupación en el gobierno de Javier Milei. El pasado 4 de agosto, por orden del juez Ernesto Kreplak, la Policía Federal detuvo a dos exfuncionarias clave en el control de medicamentos: Nélida Agustina Bisio, exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). La instrucción tiene la lupa en los mecanismos de control del Estado sobre los laboratorios de Ariel García Furfaro, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El trabajo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata abrió un foco de atención en los despachos oficiales debido a nuevas transcripciones telefónicas que aluden de forma directa al ministro de Salud. La causa penal mantiene bajo prisión preventiva a García Furfaro y la Justicia busca determinar los motivos por los cuales la cadena de mandos sanitarios omitió retirar del mercado las ampollas inyectables adulteradas antes del desenlace fatal.

A la vez, el escenario judicial se cruza con la inminente convocatoria de comisiones en la Cámara de Diputados para debatir el funcionamiento de la ANMAT. En paralelo, las defensas de las exfuncionarias lograron tramitar excarcelaciones millonarias mediante el aval de inmuebles para permitir que esperen el juicio fuera de los calabozos.

Las pericias tecnológicas sobre los teléfonos secuestrados por la Policía Federal Argentina (PFA) continúan bajo análisis para certificar el nivel de conocimiento de las autoridades respecto de las alertas operativas previas, pero ya emitieron advertencias que complican a la cartera dirigida por Lugones.

Fentanilo contaminado: detenciones de las exjefas de la ANMAT y el INAME

Cuando la fiscal federal María Laura Roteta notificó formalmente los arrestos a través del Ministerio Público Fiscal, en las oficinas del Ministerio de Salud se evaluaron los alcances de la derivación judicial.

Las capturas de las antiguas autoridades técnicas se ejecutaron mediante procedimientos simultáneos coordinados por la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA. Los uniformados arrestaron a Nélida Agustina Bisio en su residencia de Olivos. Al mismo tiempo, otra comitiva policial procedió a la aprehensión de Gabriela Mantecón Fumadó en su casa de la localidad de Quilmes.

Las declaraciones indagatorias de ambas exdirectivas se tomaron al día siguiente, 5 de agosto, en la sede del tribunal. Durante la audiencia, Bisio se negó a declarar de forma oral y adelantó que presentará un descargo por escrito. Por su parte, Mantecón Fumadó aceptó responder las preguntas del juez y de la fiscal sobre las inspecciones en los laboratorios.

Las preguntas se orientaron a desentrañar las fallas administrativas que postergaron el cese de comercialización y distribución de los lotes farmacéuticos bajo sospecha. Las anotaciones en los libros técnicos reflejan que las inspectoras de carrera de los organismos de control habían asentado deficiencias edilicias y operativas mucho antes de decretarse la inhabilitación de los establecimientos.

Los chats filtrados de la ANMAT y el mutismo en el entorno de Mario Lugones

El expediente de la fiscalía incorpora los resultados de los peritajes tecnológicos realizados sobre los teléfonos de las exfuncionarias. Las transcripciones de la causa registran un llamativo intercambio de mensajes de texto fechado el 26 de marzo de 2025. "Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta", le escribió Mantecón Fumadó a su colega de la ANMAT.

Los investigadores examinan la secuencia para determinar si la alusión correspondía al actual ministro de Salud de la Nación y si los despachos políticos monitoreaban la situación de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La respuesta de Mantecón Fumadó ante las advertencias de una inspectora sobre el desvío de calidad de la planta farmacéutica también quedó incorporada al expediente y generó incmodidad en el oficialismo. "Es un montón de guita que está en la calle", replicó la entonces directora del INAME para justificar la continuidad de la distribución comercial de los lotes.

Durante su indagatoria, la exfuncionaria deslindó responsabilidades institucionales al afirmar que las decisiones importantes de la agencia de medicamentos se tomaban luego de consultar con las máximas autoridades de la cartera que dirige Lugones.

A partir del hallazgo de estos chats, el juez Kreplak ordenó a las fuerzas federales ingresar a la sede central del Ministerio de Salud de la Nación para secuestrar los libros de ingresos. El operativo, ejecutado el pasado 6 de agosto, tuvo como objetivo incautar las planillas de acceso y los registros de audiencias de la cartera sanitaria.

La policía busca verificar si los directivos de los laboratorios implicados o segundas líneas de la ANMAT mantuvieron reuniones presenciales con asesores directos del ministro Lugones en las fechas previas o inmediatas posteriores a la clausura del establecimiento farmacéutico.

El contraste entre las fianzas de Nélida Bisio, Gabriela Mantecón Fumadó y Ariel García Furfaro

La exjefa de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, recuperó la libertad condicional tras pagar una fianza de 75 millones de pesos. Para cumplir la exigencia legal sin desembolsar dinero en efectivo, sus representantes presentaron títulos de propiedades que quedaron embargadas preventivamente a favor del juzgado actuante. Su asistencia legal la ejerce el abogado Alejandro Rúa, un penalista con trayectoria en litigios federales complejos que involucraron históricamente a exfuncionarios del ámbito político nacional.

La exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, obtuvo la libertad condicional el mismo día que Bisio, tras acreditarse la misma fianza de 75 millones de pesos, también respaldada con activos inmobiliarios de familiares. Su defensa la comanda el estudio jurídico de Hugo Wortman Jofré, un profesional especializado en derecho penal económico, asesoramiento corporativo y compliance de empresas.

A diferencia de las exfuncionarias de salud, el magistrado le rechazó la libertad condicional al empresario Ariel García Furfaro por riesgos de fuga y entorpecimiento. El dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo permanece alojado en un pabellón común del penal de Marcos Paz bajo prisión preventiva por la gravedad de su calificación como coautor de adulteración de sustancias medicinales seguidas de muerte. Su defensa la coordina Mariano Cúneo Libarona, abogado de alta exposición mediática con tres décadas de experiencia en los casos penales más trascendentes del país.

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