Mientras Diputados avanza con el debate de la ley de Lobby, distintas organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y hasta el Colegio Público de la Abogacía de la CABA alertan sobre la letra chica de la iniciativa que establece un régimen de transparencia y publicidad de intereses. “El proyecto restringe irrazonablemente el derecho a la participación y petición”, advirtieron. Las intenciones del oficialismo son llevar el proyecto al recinto antes de fin de mes.
El miércoles, en un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados retomó el debate de la Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, impulsada por el gobierno de Javier Milei que se propone, como dijo el jefe de Gabinete Manuel Adorni al momento de su presentación: “Ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién”. En este sentido, el proyecto establece la creación de un registro de gestores de intereses y establece sanciones penales para quienes incumplan con la normativa.
Durante la reunión, así como también a través de distintos documentos y comunicados, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y colegios de abogados alertaron sobre las consecuencias que podría tener la ley, si se sanciona tal cual fue redactada desde la Casa Rosada.
A través de un duro comunicado, firmado por ACIJ, Amnistía Internacional, el CELS, Democracia en Red, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped, Fundación Protestante Hora de Obrar, Fundar y Poder Ciudadano alertaron: “El texto incorpora mecanismos que restringen la participación ciudadana, debilita la capacidad de incidencia de organizaciones sociales y amplía el control estatal sobre actores que cumplen una función importante en la sociedad”.
Más adelante, indicaron que las relaciones entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil “son de naturaleza diferente y no pueden regularse como si fueran equivalentes”.
En este sentido, indicaron: “El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder”. Dicho esto, explicaron que “equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias”.
Lo que plantean desde las distintas organizaciones es que, de sancionarse la iniciativa, sus tareas cotidianas se verán “limitadas”. Según fundamentaron, “necesitan reunirse, enviar correos o realizar llamadas con legisladores, con partidos políticos de oposición, o con funcionarios públicos de cualquier orden” para luego dejar en claro que “esa posibilidad no es un privilegio: es una condición indispensable para que el control ciudadano y la incidencia en las políticas públicas sean efectivos”.
En este sentido, remarcaron que el proyecto libertario plantea que las organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional “corren con la posibilidad de que el Estado les exija información extraordinaria invocando conceptos amplios como ‘seguridad interior’ o ‘interés público’”.
Es decir, que son equiparadas de manera indebida con representantes de intereses extranjeros, “lo que reproduce además una lógica que históricamente ha sido utilizada para estigmatizar y restringir el trabajo de la sociedad civil”.
Sospechas por la ley de Lobby
Desde ACIJ alertan que la iniciativa libertaria “restringe irrazonablemente el derecho a la participación y petición, con definiciones vagas y obligaciones uniformes que perjudican especialmente a los grupos vulnerables”.
Asimismo, remarcaron que el texto “no distingue entre tipos de gestión de intereses ni contempla medidas para promover la igualdad, y otorga amplias facultades discrecionales a la autoridad, lo que puede desalentar la participación y afectar la democracia deliberativa”.
Es más, durante el debate en comisión, el director Ejecutivo de ACIJ, Eduardo Ferreyra señaló: "Creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y debe rechazarse toda iniciativa, que, aún cuando se trata de temas como el lobby, cuya regulación es legítima, debido a su redacción es posible de ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro".
La AmCham también rechaza el proyecto
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentin (AmCham) también cuestionó el proyecto libertario. Su CEO, Alejandro Díaz expuso ante las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y alertó que deberían precisarse algunas definiciones en la redacción del proyecto.
Al mismo tiempo, Díaz indicó: “Debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación”. También, exigió mayor claridad respecto de la implementación inicial de la ley así como también de situaciones preexistentes.
“El registro de gestores no debería funcionar como una barrera en el ejercicio de gestión de intereses”, dijo más adelante. Para terminar, el CEO de la AmCham se mostró “preocupado” por la implementación de sanciones penales que incluye la ley y sugirió que estas deberían ser “administrativas”.
“Un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados, desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en la elaboración de políticas públicas”, remató.
Abogados en alerta
Durante el plenario de comisiones también expuso Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la CABA, quien si bien planteó que la regulación del lobby es necesaria” señaló que “el mensaje del Poder Ejecutivo al enviar este proyecto presenta deficiencias estructurales graves”.
En este sentido, García dijo que el primer problema del proyecto se encuentra en la definición de “gestión de intereses”. “Su redacción es tan amplia que comprende literalmente cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública”, dijo.
Además, la titular del Colegio Público de la Abogacía planteó que el texto “constituye una forma de criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. Y, en consonancia con la AmCham, agregó: “El título octavo del proyecto en los artículos 39 y 42 introduce tipos penales de una severidad sin precedentes en materia de regulación de lobby”.
Ley de Lobby: qué dice el proyecto
El texto oficialista alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en gestiones vinculadas a leyes, actos administrativos, políticas públicas, contrataciones, habilitaciones y otros beneficios estatales.
La iniciativa contempla la creación de un Registro Nacional de Gestión de Intereses en Materia de Asuntos Públicos, de carácter público, abierto y digital. La propuesta establece que los gestores de intereses -ya sean profesionales, representantes sectoriales o entidades de la sociedad civil- deberán registrarse obligatoriamente y declarar periódicamente sus actividades, reuniones y vínculos con funcionarios públicos.
Por otra parte, el proyecto plantea que no podrán actuar como gestores de intereses funcionarios públicos hasta dos años después de haber finalizado sus funciones.
Más adelante, el proyecto también establece sanciones de apercibimiento; multas (de hasta 500 SMVyM, con agravantes de hasta 2000 SMVyM); suspensión del registro (hasta 12 meses, con agravante de inhabilitación definitiva) y penas de prisión (de hasta 3 años).
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