Sin defensores para Adorni: el silencio se impone entre oficialistas y aliados

Manuel Adorni se convirtió en material inflamable no solo para el oficialismo, sino también para sus aliados de Pro y la UCR, que en privado exhiben hastío frente a lo que consideran desprolijidades evitables. Las explicaciones que brindó el jefe de Gabinete sobre los ahorros no declarados que, según sostuvo, constituyen hoy su patrimonio provocaron una reacción llamativa en el Congreso: un silencio público casi unánime. Entre los legisladores libertarios nadie lo cuestiona abiertamente, pero tampoco anticipan que saldrán a defenderlo. Del otro lado, los bloques aliados observan la situación con creciente fastidio y toman distancia.

“Nadie nos lo pidió y no creo que lo hagan”, dijo un legislador oficialista al ser consultado sobre una eventual instrucción del Poder Ejecutivo para respaldar públicamente al funcionario.

En ese contexto, también se observan con atención los movimientos de los legisladores alineados con Patricia Bullrich, quien calificó la omisión de Adorni como “más que un error”. Damián Arabia compartió en redes sociales el festejo de cumpleaños de la ministra junto a una torta del Club Atlético Independiente. Sabrina Ajmechet, por su parte, la homenajeó con un mensaje llamativo: “Hay algo muy difícil de encontrar: una jefa cuyas decisiones te hagan sentir siempre representada, que lidera con convicción y que, una y otra vez, demuestra tener razón, incluso en las circunstancias más complejas”.

Entre los aliados, en cambio, el tema monopolizó conversaciones telefónicas y grupos de WhatsApp desde temprano. Palabras como “papelón”, “delirio” y “vergüenza” se repitieron con frecuencia. “Es un boludo peligroso”, resumió un referente de Pro, que advirtió que a partir de ahora los acuerdos volverían a foja cero y que cualquier negociación deberá discutirse “ley por ley”.

“No puede ser que tus gastos en blanco tripliquen tu patrimonio”, sostuvo otro legislador experimentado, que reconoce el terreno fangoso en el que quedó parado el jefe de Gabinete.

La incomodidad no solo afecta la relación política del oficialismo con sus socios circunstanciales. También empieza a tener consecuencias concretas sobre la agenda legislativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se preparaba para enviar formalmente al Congreso una serie de modificaciones a la ley de inocencia fiscal, el mismo régimen al que Adorni recurrió para exteriorizar patrimonio no declarado.

Los cambios surgieron de observaciones realizadas por tributaristas y especialistas tras la implementación de la norma. Con esos aportes, el Ministerio de Economía elaboró un borrador que comenzó a circular entre bloques aliados con el objetivo de avanzar rápidamente en el Congreso.

Pero las explicaciones de Adorni alteraron el escenario. Varios legisladores ahora se muestran reacios a impulsar modificaciones sobre una herramienta que quedó asociada al caso del jefe de Gabinete.

“Lo de Adorni lo mató”, evaluó un dirigente de Pro. “La sociedad lo va a ver como un régimen de impunidad”, agregó.

Caputo buscaba introducir cambios para incentivar el uso del régimen por parte de más contribuyentes. Entre otras modificaciones, se proponía eliminar los límites de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de beneficiarios; autorizar expresamente el uso de efectivo para la compra de inmuebles sin perder las ventajas del programa; permitir la corrección de errores y el pago de diferencias detectadas por ARCA dentro de un plazo de 15 días para evitar sanciones; establecer que la carga de probar irregularidades recaiga sobre el organismo recaudador y no sobre el contribuyente; y considerar la adhesión al régimen como un antecedente positivo frente a bancos y escribanos en materia de controles de lavado de dinero.

Moción de censura

En paralelo, los espacios más críticos todavía no logran reunir los avales necesarios para impulsar una moción de censura contra Adorni.

Aunque en distintos sectores de la oposición consideran que existen razones suficientes para promover su apartamiento de la función pública, Pro, la UCR y los bloques provinciales sostienen que, por ahora, la investigación debe avanzar en la Justicia y que la responsabilidad política final recae sobre Javier Milei.

Para prosperar, una moción de censura requiere la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Por ahora, esos números parecen inalcanzables mientras los bloques satélites del oficialismo se nieguen a acompañar esa estrategia.

El escenario podría modificarse si el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga un presunto enriquecimiento patrimonial de Adorni, avanza con medidas de mayor impacto, como un llamado a indagatoria o un eventual procesamiento.

Por ahora, sin embargo, ese frente permanece estático. Pese al malestar creciente que genera el caso en el Congreso, la última palabra sigue estando en los tribunales y, en última instancia, en manos de Milei.

La Nación