En medio de la discusión por el sistema de transporte urbano en Salta, surgen fuertes cuestionamientos hacia el rol de la empresa SAETA y la gestión del servicio de colectivos en el área metropolitana.
Durante años las empresas prestatarias contaron con pagos regulares y un esquema de funcionamiento estable a través del sistema administrado por SAETA, lo que redujo los controles sobre la calidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones operativas.
En ese marco, la falta de fiscalización genero un relajamiento progresivo en la prestación, en un contexto donde las empresas concesionarias dependían del esquema de administración estatal del sistema.
El conflicto escaló recientemente cuando se dispuso la suspensión del servicio nocturno, medida que afectó directamente a los usuarios. La situación derivó en la intervención del Gobierno provincial, que debió mediar para restablecer el servicio y normalizar la circulación de los colectivos.
El episodio abrió nuevamente el debate sobre la organización del sistema de transporte, el control estatal sobre las empresas prestatarias y la necesidad de revisar los mecanismos de gestión para evitar futuras interrupciones que impacten en los usuarios.
