En la apertura del año legislativo, el jefe de Estado presentó una agenda muy ambiciosa de 90 paquetes de proyectos que se irán girando al Congreso a lo largo de los nueve meses restantes del año. No pareciera un objetivo de difícil realización para una administración que se precia de ser esencialmente reformista porque se trata de sólo 10 proyectos por ministerios. Pero la política no se realiza con intenciones y cerrado el primer mes, sólo se han girado dos iniciativas que no son las que preocupan a una oposición que tiene sus propios intereses en este proceso. La reforma electoral no ha llegado; en tanto, presentan iniciativas que incomodan al gobierno libertario
Por el Senado ingresó el pasado jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que avanza con modificaciones sobre la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras y la del Manejo de Fuego, entre otras. Según los fundamentos del Gobierno, el proyecto tiene por finalidad eliminar restricciones, a las que califica de ilegítimas y avanza sobre el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación. De esa manera, por ejemplo, propone establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho. También propone este proyecto eliminar las limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, a fin de incentivar la inversión internacional en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país.
En tanto, por Diputados ingresó otro proyecto que concurrirá al propósito de rediseñar la arquitectura institucional de lo que el Presidente de la Nación llamó la “nueva Argentina”. Se trata de la que se conoce como “Ley Hojarasca”, que en octubre de 2024 se envió al Congreso con el propósito de derogar setenta leyes “inútiles, obsoletas, o que restringen libertades, ”sancionadas durante dieciséis gobiernos”, según manifestaciones de su promotor, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Nunca llegó a tratarse y con el mismo texto se reenvió el pasado viernes.
Es el proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, que apunta a eliminar normas normas que han perdido utilidad pero que aún están vigentes. Un repaso sobre el listado de las leyes a derogar describen el momento político de su sanción; algunas generarán debates sobre su validez, al punto que se trata de propuestas contenidas en el famoso DNU 70, de diciembre de 2023 que la Justicia anuló. Solo como ejemplo vale mencionar la ley de padrinazgo presidencial, que data de 1974 pero refleja una costumbre originada en la presidencia de José Figueroa Alcorta, de principios del siglo pasado.
Mientras el oficialismo tratará de aprovechar un mejor momento político, la oposición seguirá con sus propias preocupaciones, que tienen como eje un conjunto de iniciativas que se vinculan a cuestiones que rozan a decisiones del gobierno de la Libertad Avanza. El anuncio de promover una reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, obliga a los distintos sectores políticos con representación parlamentaria, pero también a los gobernadores que suelen liderar movimientos propios en sus distritos, a discutir la conveniencia de prescindir de una herramienta que les permite preservar su poder en cada distrito.
Esta semana no será parlamentariamente significativa. Pero exige que haya una ciudadanía atenta a los cambios que se van a debatir.
Salta, 30 de marzo de 2026
