Coordinación

Este servicio fue oficializado en la Capital en abril de 2025, mediante la sanción de la Ordenanza N.º 16.377, que reconoció el funcionamiento de Uber y DiDi, que ya venían operando . La prestación del servicio de  transporte urbano de pasajeros es compleja y ha exigido la atención permanente de los gobiernos municipales e, incluso, provincial como ocurrió cuando a partir de la primera década del 2000 se crearon SAETA y la Autoridad Metropolitana de Transporte,  como solución a una situación de crisis en una ciudad en permanente crecimiento. 

La última novedad es la incorporación de las aplicaciones, muy resistidas inicialmente en todo el país al punto  que hay ciudades que aún no autorizaron su funcionamiento. Es un caso en que la decisión se dio de abajo hacia arriba porque fue la disposición de usuarios la que permitió que se sume a la oferta de prestaciones. Aunque es difícil ponderar la expansión de la informalidad, que fue la respuesta a las dificultades que muestra el transporte de personas, abrir las puertas a estas aplicaciones fue un aporte a la solución de sus problemas.

El crecimiento de esta opción obligó a su ordenamiento mediante una norma municipal que dispone la creación del Servicio de Movilidad para Usuarios de Plataformas Digitales de Transporte, el que fue declarado de interés público, manteniendo la interoperabilidad con el servicio tradicional de taxis y remises, con el fin de garantizar equidad en el sistema. Fue el resultado de un largo análisis, del que participaron todos los protagonistas del servicio, incluso en la reglamentación de la ordenanza. 

Este jueves se dio otro paso cuando las autoridades de los municipios de Salta, Cerrillos, La Caldera, Vaqueros, Rosario de Lerma, General Güemes y San Lorenzo convinieron unificar criterios en torno a habilitaciones, controles y registros de conductores y vehículos que operan en estas plataformas.

El promotor de esta iniciativa fue el intendente Emiliano Durand, quien acordó con sus pares de la región metropolitana conformar un padrón común que permita identificar a los choferes habilitados, garantizar condiciones de seguridad para los usuarios y ordenar la actividad en toda el área. La  importancia de trabajar de manera conjunta entre municipios busca “legalizar, formalizar y regularizar” el servicio, que actualmente funciona como una alternativa laboral para cientos de personas, dijo el jefe comunal.

No hay datos precisos sobre la cantidad de choferes porque el registro habilitado por el Ejecutivo Municipal capitalino no refleja el crecimiento significativo de la prestación. Son los gremios de taxistas los que advierten de esa expansión ya que sus propios afiliados toman participación en ese sistema. Además, no se han resuelto todos los planteos que han generado la conflictividad aún vigente, porque se denuncia una competencia desleal, falta de seguridad, ausencia de licencias profesionales y el no pago de impuestos locales. 

El pedido de controles más estrictos encuentra respuesta en este convenio, que además suma otros aspectos para mejorar la situación. Es que a la regulación del transporte, los municipios acordaron avanzar en acciones conjuntas en materia de capacitación y formación laboral. Especialmente se planteó la posibilidad de coordinar proyectos de obra pública entre municipios participantes, a través de esquemas asociativos que permitan abordar problemáticas comunes en la región.

En momentos en que la política está perdiendo el aprecio social, este tipo de iniciativa muestra el papel fundamental que juega en el funcionamiento de la democracia, coordinando esfuerzos para dar respuestas a demandas impostergables.

Salta, 26 de marzo de 2026