Ivana Chañi
El juicio por el crimen de Jimena Salas, ocurrido en enero de 2017 en Vaqueros, transita su etapa decisiva. A ocho años del hecho, la Justicia busca cerrar un caso que conmovió a la provincia y expuso falencias en la investigación inicial.
En Pasaron Cosas, Andrea Sztychmasjter y Víctor Sacca, comunicadores y periodistas que siguen la causa repasaron los principales elementos del debate oral que tiene en el banquillo a dos de los hermanos Saavedra, Adrián Guillermo y Carlos Damián, acusados de coautoría en el femicidio.
Las pruebas científicas son el eje central del proceso. En la escena del crimen se hallaron 17 goteos de sangre y 20 rastros genéticos que corresponden a Javier “El Chino” Saavedra, quien se quitó la vida en la Alcaidía General horas antes de que comenzara el juicio. El ADN fue considerado “irrefutable” por los investigadores y confirmado mediante una muestra bucal tras su captura, cinco años después del asesinato.
El ADN es contundente, está en toda la casa. No hay dudas de su presencia en el lugar del crimen, coincidieron.
Los comunicadores también señalaron que, pese a la contundencia de la prueba genética, persiste un enigma: un segundo perfil masculino identificado en la escena como “Hombre 2”, cuya identidad aún no fue determinada.
El debate volvió a poner bajo la lupa el rol del Ministerio Público Fiscal y los errores durante la primera investigación, que llegó a imputar al viudo de Salas, Nicolás Cajal Gauffín y a, Sergio Vargas, un vendedor ambulante, ambos luego absueltos.
Según señalaron, la primera causa dejó muchas preguntas sobre el accionar judicial. Recién ahora se trabaja con rigor pericial y pruebas científicas sólidas.
A la vez, hubo reconocimiento al trabajo de la unidad especial que logró identificar y detener a Saavedra luego de años de fuga:
“Con una foto de un perro, la policía lo rastreó y lo atrapó. Eso demuestra que se puede hacer criminalística seria cuando hay voluntad”.
En cuanto a los hermanos Saavedra, los periodistas coincidieron en que no hay pruebas directas que los vinculen al crimen, más allá de sus vínculos familiares y su presencia en la zona.
“Hasta ahora no se demostró coautoría. Para una condena de 35 años, hace falta algo más que presunciones”, remarcaron.
Los alegatos finales están previstos para los días 5 y 6 de noviembre, y marcarán el cierre de un proceso judicial que la sociedad salteña sigue con atención.
