Anuncian aumento para el Garrahan y ANDIS mientras el Congreso busca destituir a Francos

El ministerio de Salud comunicó una suba para los salarios del personal del hospital y más presupuesto para las prestaciones en Discapacidad. Sin embargo, la suspensión de la ley pone en riesgo al jefe de Gabinete.

Política22/09/2025

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El Gobierno le otorgó un aumento al personal del Hospital Garrahan luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial de Javier Milei a la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica. "Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores", anunció el ministro de Salud, Mario Lugones.

La cartera sanitaria acordó con el Consejo de Administración del Garrahan una suba de $450.000 para el personal sanitario y de $350.000 al resto del personal. Según fuentes de Salud, a diferencia de la ley que impulsó el Congreso, este aumento abarca a toda la asistencia médica y no solamente a quienes se dediquen al ámbito pediátrico.

"El Hospital Garrahan no está en emergencia. Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses", expresa el comunicado del Hospital Garrahan.

"Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes. Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino", agregó Lugones.

La medida se fue gestando hace semanas, luego de que el primer mandatario optara por vetar la ley que originalmente fue sancionada por dos tercios. Estos volvieron a juntarse en Diputados para insistir sobre la ley, que todavía no rige puesto que falta que el Senado se pronuncie. La Cámara alta también buscará insistir sobre la ley de Financiamiento Universitario.

Hasta ahora, el Congreso solo insistió oficialmente sobre la ley de Emergencia en Discapacidad, también correspondiente al área de Salud. El ministro Lugones afronta esta imposición parlamentaria a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que fue intervenida por un hombre de su riñón, Alejandro Vilches, luego del apartamiento de Diego Spagnuolo.

En ese sentido, hoy el Gobierno dispuso en el Boletín Oficial la promulgación de la ley, pero con una salvedad: "Por imperio de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 24.629, se encuentra suspendida su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé".

Se trata de una medida sin precedentes que la oposición del Congreso buscará sancionar. Dentro de las opciones, amenazan con avanzar con un pedido de moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien faculta la ley a resignar las partidas correspondientes. A esto se suma que Comodoro Py ya comenzó a recibir denuncias penales de los legisladores por incumplimiento.

Los funcionarios apuntados, además del ministro coordinador y el Presidente, incluye a María Ibarzabal Murphy, la Secretaria Legal y Técnica de la Nación y Walter Rubén González, director del Registro Oficial. Los diputados Mónica Fein y Esteban Paulón fueron a los tribunales para denunciarlos por incumplimiento de deberes de funcionario público y este lunes ampliaron la denuncia con el decreto 681/2025.

El Gobierno argumentó la decisión de suspender la ley en base a que no tiene los fondos necesarios para ejecutarla pero esta mañana también le otorgó un aumento presupuestario a la ANDIS de $121.363.881.238. 

Según la disposición del BO, el objetivo es que el Ejecutivo recaude los créditos necesarios "para dar respuesta, a partir del 1° de octubre del corriente año, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

"Cualquier aumento que se aplique a partir de octubre se factura en noviembre y se cobra en febrero/marzo", advirtieron fuentes del sector. Según sus cálculos, el atraso actual, desde diciembre del 2023, es del 79.99%. Desde Salud aún no precisaron de cuánto será la actualización de los nomencladores que harán con el presupuesto designado a la ANDIS este lunes.

En el Congreso la oposición se envalentonó para dar una respuesta y presentaron  un pedido de interpelación a Guillermo Francos para avanzar en la anticipada moción de censura. La consecuencia final de este procedimiento es la remoción del funcionario y puede conseguirse sin mayoría agravada: necesitan solamente la mitad más uno de los miembros (mayoría absoluta).

"La Promulgación de la ley aludida, pero sin cumplir, sienta un peligroso antecedente puesto que mediante una interpretación ilegal en inconstitucional, condiciona a un poder del Estado en su labor, a una tarea que compete al Poder Ejecutivo, que dicho sea de paso, gobierna sin presupuesto hace dos años", expresa el documento. 

La oposición también cuestiona las medidas al agro anunciadas en contexto electoral: "El gobierno es incoherente en su discurso y decide a discreción que tiene fuente de financiamiento y que no. El anuncio efectuado en el día de la fecha mediante el cual se comunicó la suspensión de las retenciones agrarias, es una muestra de ello. Dicha medida, si bien la celebramos, debe ser una medida estratégica y permanente y no un parche en contexto de campaña con el único fin especulativo de hacerse de dólares cuando resulta evidente el fracaso del plan económico", agrega.

Cronista

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