Endurecen los controles tras detección de fentanilo adulterado en Chubut y Córdoba

El hallazgo de fentanilo adulterado en más localidades argentinas volvió a generar alarma. Esta vez, se confirmó la existencia de ampollas contaminadas en clínicas del interior de Chubut y en Córdoba, todas provenientes del laboratorio HLB Pharma, que ya es investigado por irregularidades que podrían estar vinculadas a 96 muertes.

En clínicas privadas de Chubut se localizaron 189 dosis, mientras que en Córdoba se incautaron 200. Si bien los ministerios provinciales aclararon que no compraron el producto, sí lo hicieron instituciones del ámbito privado, lo que encendió nuevas alertas sanitarias y judiciales.

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, advirtió sobre una grave falla estructural: “En Argentina el fentanilo no es un medicamento trazable. El Estado no sabe dónde están las ampollas y deben buscarse una por una”.

El Instituto Malbrán ratificó que el lote 31202, producido en diciembre de 2024, estaba contaminado con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. De las 154.530 unidades fabricadas, se estima que al menos 42.500 ya fueron aplicadas a pacientes.

En Córdoba, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, confirmó dos muertes ligadas al uso de este fentanilo y no descartó que surjan más casos vinculados al sector privado.

Jurisdicciones afectadas por el fentanilo contaminado

Las jurisdicciones afectadas hasta el momento incluyen Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Formosa, Jujuy, Córdoba y ahora Chubut. Todas las ampollas recuperadas fueron apartadas y permanecen bajo custodia judicial.

Paralelamente, el juez Kreplak dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para 24 directivos y allegados de HLB Pharma, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro.

La ANMAT prohibió el uso de todos los lotes elaborados por el laboratorio investigado y pidió a las provincias notificar de inmediato cualquier hallazgo, separando las ampollas del circuito de atención.

El caso, que ya provocó la muerte de casi un centenar de personas, puso nuevamente en discusión una decisión tomada en 2016, durante la gestión de Jorge Lemus, cuando el fentanilo fue excluido del sistema de trazabilidad obligatoria. Ocho años después, esa medida se encuentra en el centro del debate sanitario y legislativo.

Con información de Mdz