Ivana Chañi
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se refirió al complejo escenario social que se abre tras el reciente allanamiento a una red de contrabando en la localidad. "No lo festejo", dijo en diálogo con Aries, al considerar que la actividad, si bien ilegal, sostiene a "más de 30.000 personas" entre Aguas Blancas y el norte de Orán. Para Zigarán, el contrabando es un problema que se debe combatir, pero sin ignorar la realidad social y económica de la zona.
En su intervención, el funcionario insistió en la necesidad de abordar el problema con prudencia. Para él, es crucial "darle un margen de tolerancia" al contrabando, ya que un corte abrupto de la actividad comercial "va a explotar por todos lados".
Asimismo, recordó que el movimiento de un solo día "muerto" puede llegar a los 140 millones de pesos, una cifra que demuestra la magnitud de la actividad y la dependencia económica que existe.
El plan de Gendarmería, señaló, es controlar la situación, pero no de forma total. "Apretar para hasta, pero no para que ahorque", fue la frase que usó.
El interventor expresó su esperanza de que las autoridades ofrezcan una solución, ya que la diferencia entre los 15.000 pesos diarios que se pueden ganar en una finca y los 150.000 pesos que genera el contrabando, es "muy grande". Esto genera una presión social a la que hay que prestar atención, generando una "salida a esa olla de presión", alertó.
Zigarán concluyó que las autoridades deben buscar un equilibrio para evitar una "explosión social".
