Estados Unidos renunció a la pena de muerte para tres capos narcos mexicanos

Estados Unidos desistió de solicitar la pena de muerte para tres de los capos mexicanos más emblemáticos: Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”. La decisión fue comunicada por el fiscal federal Joseph Nocella Jr. ante la corte de Nueva York, en el marco de los procesos judiciales que enfrentan los tres integrantes históricos del crimen organizado.

El anuncio marca un giro relevante en el manejo de los casos de alto perfil ligados al narcotráfico. A pesar de las acusaciones por delitos graves como narcotráfico, crimen organizado y homicidio, las autoridades estadounidenses optaron por no buscar la pena máxima, dejando abierta la puerta a otras alternativas judiciales como la cadena perpetua o acuerdos de colaboración. La medida llega previo a audiencias cruciales que definirán el futuro legal de los tres veteranos capos.

En este contexto, David Saucedo y Óscar Balderas, especialistas en temas de seguridad y crimen organizado, aportaron análisis clave sobre el trasfondo de la decisión de las autoridades estadounidenses. Ambos expertos destacan que la renuncia a la pena de muerte no solo obedece a razones legales o humanitarias, sino que responde a una estrategia integral por parte de Estados Unidos para obtener información y fortalecer investigaciones contra redes criminales.

Evitar la violencia en México y mostrar beneficios a los capo

David Saucedo, en entrevista con Radio Fórmula, subraya que el caso de Rafael Caro Quintero marca un cambio relevante en la política estadounidense frente a los líderes del narcotráfico y responde a varios factores.

En primer lugar, Saucedo destaca que la expectativa inicial era que Estados Unidos insistiera con la pena máxima, especialmente en el caso de Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, un crimen que históricamente no suele ser perdonado por el sistema judicial estadounidense.

Sin embargo, el gobierno mexicano habría advertido del riesgo de que la condena a muerte provocara actos de narcoterrorismo en México, dificultando capturas y extradiciones al incrementar la resistencia violenta de los cárteles, lo que podría repetir escenarios como el de Colombia en los años noventa.

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En palabras de Saucedo: “el gobierno mexicano le insistió mucho al gobierno de los Estados Unidos de que no le impusieran la pena capital a estos personajes en virtud de que si un narcotraficante mexicano enfrenta la perspectiva de la pena capital en los Estados Unidos, ya sea la silla eléctrica o la inyección letal, seguramente darían una batalla sin cuartel en México para evitar su captura y en su caso su posible extradición a los Estados Unidos”.

En segundo término, señala que la información que estos capos pueden aportar al gobierno estadounidense permite negociar en mejores condiciones acuerdos comerciales, migratorios y de seguridad, así como iniciar investigaciones y procesos contra otros integrantes de las estructuras criminales, funcionarios y posibles vínculos institucionales en México.

Otro elemento es la transformación de la política estadounidense respecto a los narcos extraditados. Si antes el destino era una reclusión de máxima seguridad y aislamiento total, ahora la estrategia busca mostrar a los capos mexicanos los posibles beneficios de la colaboración: reducción de sentencias, la posibilidad de acceder a esquemas de protección para familiares, conservar parte de sus fortunas y evitar penitenciarías de las condiciones más duras.

“Lo que vemos en consecuencia es un esquema de negociación, una segunda modalidad que tienen los norteamericanos, demostrar a los capos mexicanos que les conviene rendirse para de esta manera invertir menos tiempo y recursos en el combate a las organizaciones criminales en México”, señaló.

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EEUU privilegia inteligencia por colaboración

Al igual que David Saucedo, Óscar Balderas, en entrevista con Milenio, coincide en que Estados Unidos busca obtener información estratégica de los grandes capos y prioriza acuerdos de colaboración por encima del castigo ejemplar. Ambos expertos resaltan que la cooperación se ha convertido en el eje de la nueva política hacia figuras históricas del narcotráfico mexicano, lo que representa un cambio pragmático en la postura de Washington.

No obstante, Balderas aporta perspectivas adicionales para entender el momento actual. Subraya que la conocida frase “Estados Unidos no negocia con terroristas” solamente es una frase muy bien hecha en los guiones de Hollywood. Explica que, en la práctica, el gobierno estadounidense valora a aquellos narcotraficantes capaces de ofrecer información criminal relevante.

Según Balderas, tanto Zambada como Carrillo Fuentes, líderes del Cártel de Sinaloa y Cártel de Juárez, se perfilan para convertirse en testigos protegidos, abriendo la puerta a futuras colaboraciones de capos de distintos niveles.

“Esto abre la puerta para que cualquier tipo de narcotraficante de cualquier tipo, si es un peso pesado, un peso mediano, pueda solicitar al gobierno de Estados Unidos esos beneficios a cambio de que conozcan la información”.

En contraste con Saucedo, Balderas enfatiza la utilidad de estos acuerdos como herramienta política y mediática interna para los Estados Unidos. Explica que, a través de estos pactos, Washington busca probar y reforzar la idea de que México es un narcoestado, lo cual respalda eventuales medidas unilaterales para proteger su frontera sur.

Balderas subraya que la información extraída no será compartida con el gobierno mexicano, producto de la desconfianza hacia las instituciones nacionales.

Con información de Infobae