El vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que a pesar de este cambio de posición de los fondos buitre, la Argentina "no va a negociar".
20/07/2025
En ese marco, el portavoz aclaró que "esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el tramite de apelación de entrega de las acciones" y remarcó que "no hay un plazo determinado para eso".
Adorni realizó estas declaraciones horas después de que el gobierno de Estados Unidos volviera a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se ofreció como amicus curiae en la causa.
El gobierno de Donald Trump pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelacLa presentación se concretó en las tres causas vinculadas a la entrega de acciones de YPF, iniciadas por demandantes distintos: Petersen Energía Inversora S.A.U. (Case: 25-1687, a cargo de Burford Capital), Eton Park Capital Management (Case: 25-1689) y Bainbridge Fund Ltd. (Case: 25-1686), que corresponde a una parte todavía impaga de la deuda en default del 2001.
Con este apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno se animó a cerrar nuevamente la posibilidad de iniciar contactos con los fondos para analizar un acuerdo extrajudicial. "Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier discusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos", sentenció Adorni.
En medio de la presentación del Departamento de Justicia y de los dichos de Adorni, se conoció que los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, si es que las reciben como parte del cobro del juicio ganado.
Los fondos presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía. Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien además precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a que Argentina apele sin presentar una garantía finaDe acuerdo a la interpretación de Maril, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.
Es que los beneficiarios del fallo expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía. Según Maril, consideran que si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil luego ejecutar el fallo por 16.099 millones de dólares.
En esta línea, indicaron que si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y que tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado. O sea, venderlas.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar 16.099 millones de dólares por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.
Argentina apeló y el caso está ahora en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera. Sin embargo, todavía noEn este marco, la Corte de Apelaciones debe resolver si Argentina puede continuar con la apelación sin garantía. Si no lo autoriza, quedará abierta la posibilidad de iniciar la ejecución del fallo y buscar activos argentinos en el exterior.
Con información de Minuto Uno
El ministro de Economía Luis Caputo informó la aprobación de régimen para la empresa Galan Lithium y confirmó el rechazo a la solicitud de adhesión de los chinos de Ganfeng para otro proyecto en Salta.
La ministra de Educación, aseguró que la provincia ofrece aumentos por encima de la inflación nacional, pero señaló que “no siempre se puede dar lo que se quiere, sino lo que se puede”.
La ministra de Educación remarcó que toda comunicación debe pasar por los canales oficiales. La normativa se enmarca en la Ley 8474 y busca preservar vínculos pedagógicos seguros.
Juan José Soler instó a las empresas a ajustar sus costos y generar reservas ante un escenario económico que sigue sin mostrar reactivación.
El responsable de Tisec, advirtió que el conflicto con el Hospital Militar es parte de un avance privatizador que busca concentrar la atención médica en pocas manos, poniendo en riesgo el acceso a la salud.
