Así lo confirmó el coordinador de la Sala de Internados de Tisec, quien además lamentó el poco tiempo de aviso que les dieron. “Es prácticamente un manoseo” sentenció.
Salta16/07/2025
Agustina Tolaba
La rescisión del contrato entre PAMI y la empresa Tisec SRL, que funcionaba como prestador exclusivo dentro del Hospital Militar de Salta, generó malestar e incertidumbre entre los profesionales de la salud y los pacientes. La decisión fue comunicada formalmente por la obra social de los jubilados y afectará directamente la atención de 16.749 afiliados, una cifra que supera ampliamente la cobertura brindada por otros centros médicos locales como el Sanatorio Modelo o Cruz Azul.
En Agenda Abierta, Diego Martín Riservato, médico clínico y coordinador de la Sala de Internados de Tisec, expresó su preocupación por el modo en que se ejecutó la decisión: “Es una medida unilateral, legal, sí, pero que se ejecutó con apenas 20 días de antelación. Esto afecta a una empresa que tiene casi 80 empleados y que trabaja exclusivamente para PAMI desde hace 20 años”, señaló el profesional.
El traspaso de pacientes y servicios quedará ahora a cargo de IMAC, según confirmó Riservato, tras tener el visto bueno de PAMI. La obra social argumentó que busca brindar “una atención más amplia” a sus afiliados con este cambio de prestador.
Sin embargo, Riservato remarcó que no se tuvo en cuenta el impacto humano ni operativo de esta decisión: “Nos preguntamos qué va a pasar con los pacientes internados, sobre todo en terapia intensiva. Son casos complejos, no es tan simple el traslado. A los de sala común quizás se los puede mover más fácilmente, pero hay situaciones críticas”.
Además, el médico criticó la falta de diálogo: “Después de tantos años de servicio y soluciones aportadas, incluso cuando otras clínicas no podían dar respuesta, uno espera al menos una instancia de conversación o una transición más ordenada. No se trató de negociar mejoras o un nuevo esquema, simplemente nos notificaron la rescisión”.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto presentado por la diputada Mónica Juárez, que crea una base de datos integrada para detectar de manera temprana posibles vulneraciones de derechos en niños, niñas y adolescentes.
Los números se desprenden del informe semestral 2025 del servicio de asistencia provincial. El informe revela el 35% de las personas asistidas manifestó haber sufrido violencia psicológica, y un 24%, violencia física.
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Organizaciones de mujeres y personas LGBTTIQ+ rechazaron e impugnaron públicamente la postulación del exconcejal a la Defensoría del Pueblo, citando denuncias de violencia de género y un historial de agresiones.
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
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