El caso de la obra social provincial es un ejemplo, al igual que el equilibrio fiscal que se alcanzó en el gobierno capitalino.
Las cuentas del Instituto Provincial de la Salud están sometidas a una profunda revisión por parte de la Auditoría General de la Provincia y la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que actúa de oficio porque no hay denuncia. En el caso del Ejecutivo Municipal, impulsado por la actual gestión, hay causa abierta y ex funcionarios imputados.
Una deuda exorbitante, cuyo origen no está precisado en base a datos pero se explica con trazos gruesos basados en sospechas o estimaciones, motivó la intervención del IPS y a casi cuatro meses de su vigencia se evitó el corte de servicios. El gran avance es el reconocimiento de la necesidad de correcciones en la operatividad de la obra social.
Cabe señalar que se ha integrado una comisión interministerial y legislativa para acompañar la gestión de la intervención. Esa participación se justifica en la complejidad de la tarea encarada atento a que involucra cifras multimillonarias e impacta en una amplia franja de la población salteña.
Se reconoce que hay un desfase entre ingresos y egresos y, en principio, es una cuestión estructural que debe corregirse sin golpear el bolsillo de los beneficiarios. Un dato concreto es que el aporte de los afiliados y de la patronal suman 18 mil millones de pesos mensuales pero tiene egresos por 24 mil millones en ese lapso. Por ahora no hay intención de ajustar la cuota de afiliación obligatoria pero sí el aporte del Estado; sin embargo, el esfuerzo se pondrá en alcanzar el equilibrio de esa ecuación observando la calidad del gasto.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Manuel Pailler, informó que se están revisando convenios, contratos y facturaciones, a fin de determinar posibles irregularidades. Su par de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, avanzó más en las apreciaciones de lo que se va informando en la comisión de control y reconoció que el IPS paga cifras millonarias por servicios que no se prestan. Ello llevó a que la legisladora informara que está trabajando en un proyecto para modificar la ley de creación del IPS, con el objetivo de reforzar los controles internos y evitar gastos innecesarios. Como tal calificó a un esquema de tercerización costoso e ineficiente que compromete las finanzas del organismo. La mirada atenta que se está poniendo en las cuentas de la obra social también está advirtiendo otras falencias que son de gestión aunque no necesariamente irregularidades.
También demandó un año de trabajo equilibrar las cuentas municipales. Cuando a poco de asumir el intendente Emiliano Durand confirmó la existencia de un déficit superior a los 7.000 millones de pesos, también dispuso la creación de una comisión de auditoría interna, que trabajó con el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. El resultado de esa tarea se está conociendo con la apertura de una causa penal en la que han sido imputados exfuncionarios municipales de la gestión de la exintendenta Bettina Romero y empresarios vinculados a la remodelación de la plaza 9 de Julio. También se manifiesta en el equilibrio de ingresos y egresos.
Todo conduce a revalorizar una función que tiene raigambre constitucional y que debe considerarse como una garantía de la defensa del interés general.
Salta, 05 de junio de 2025
