El control público, un costado vulnerable de la administración del Estado en sus distintos niveles, está mostrando que es un mecanismo imprescindible para evitar las recurrentes crisis económicas y sociales.
Opinión05/06/2025
El caso de la obra social provincial es un ejemplo, al igual que el equilibrio fiscal que se alcanzó en el gobierno capitalino.
Las cuentas del Instituto Provincial de la Salud están sometidas a una profunda revisión por parte de la Auditoría General de la Provincia y la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, que actúa de oficio porque no hay denuncia. En el caso del Ejecutivo Municipal, impulsado por la actual gestión, hay causa abierta y ex funcionarios imputados.
Una deuda exorbitante, cuyo origen no está precisado en base a datos pero se explica con trazos gruesos basados en sospechas o estimaciones, motivó la intervención del IPS y a casi cuatro meses de su vigencia se evitó el corte de servicios. El gran avance es el reconocimiento de la necesidad de correcciones en la operatividad de la obra social.
Cabe señalar que se ha integrado una comisión interministerial y legislativa para acompañar la gestión de la intervención. Esa participación se justifica en la complejidad de la tarea encarada atento a que involucra cifras multimillonarias e impacta en una amplia franja de la población salteña.
Se reconoce que hay un desfase entre ingresos y egresos y, en principio, es una cuestión estructural que debe corregirse sin golpear el bolsillo de los beneficiarios. Un dato concreto es que el aporte de los afiliados y de la patronal suman 18 mil millones de pesos mensuales pero tiene egresos por 24 mil millones en ese lapso. Por ahora no hay intención de ajustar la cuota de afiliación obligatoria pero sí el aporte del Estado; sin embargo, el esfuerzo se pondrá en alcanzar el equilibrio de esa ecuación observando la calidad del gasto.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Manuel Pailler, informó que se están revisando convenios, contratos y facturaciones, a fin de determinar posibles irregularidades. Su par de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, avanzó más en las apreciaciones de lo que se va informando en la comisión de control y reconoció que el IPS paga cifras millonarias por servicios que no se prestan. Ello llevó a que la legisladora informara que está trabajando en un proyecto para modificar la ley de creación del IPS, con el objetivo de reforzar los controles internos y evitar gastos innecesarios. Como tal calificó a un esquema de tercerización costoso e ineficiente que compromete las finanzas del organismo. La mirada atenta que se está poniendo en las cuentas de la obra social también está advirtiendo otras falencias que son de gestión aunque no necesariamente irregularidades.
También demandó un año de trabajo equilibrar las cuentas municipales. Cuando a poco de asumir el intendente Emiliano Durand confirmó la existencia de un déficit superior a los 7.000 millones de pesos, también dispuso la creación de una comisión de auditoría interna, que trabajó con el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. El resultado de esa tarea se está conociendo con la apertura de una causa penal en la que han sido imputados exfuncionarios municipales de la gestión de la exintendenta Bettina Romero y empresarios vinculados a la remodelación de la plaza 9 de Julio. También se manifiesta en el equilibrio de ingresos y egresos.
Todo conduce a revalorizar una función que tiene raigambre constitucional y que debe considerarse como una garantía de la defensa del interés general.
Salta, 05 de junio de 2025
Un segundo semestre complicado se presenta al gobierno provincial. No hay indicios de reactivación económica ni acuerdos cercanos con el Ejecutivo nacional, para mejorar la remisión de recursos coparticipables. Frente a ese cuadro, la respuesta es la aplicación de medidas promocionales para que el sector privado no sucumba.
La política atravesó una jornada destinada al análisis integral del bioetanol como elemento de desarrollo del noroeste argentino. Los gobernadores que integran el triángulo del azúcar mostraron que llegaron al límite de la tolerancia e insistieron en los reclamos que los ocupan en este tiempo.
En medio de la puja por recursos entre los gobernadores y el presidente Javier Milei, surgen otras diferencias frente a las propuestas de la administración. En Salta las exhibió el Ministro de Salud respecto de la importación de medicamentos sin control de ANMAT.
El sistema institucional se pone a prueba con el caso de Pablo Emanuel López, hasta hace una semana atrás docente, concejal y libertario. Con un proceso electoral que excluye cualquier pretensión electoral que no caiga en la confrontación del oficialismo nacional con el kirchnerismo, muchos se sintieron habilitados para arrojar la primera piedra.
La semana pasada distintas expresiones partidarias y sociales manifestamos la firme decisión de construir un frente común que trascienda las banderas partidarias y se enfoque en la defensa de derechos esenciales, la inclusión y la participación democrática.
Con la convicción de que “es ahora”, se trabaja en el armado de un frente que exprese la unidad de fuerzas vivas en la provincia. A un mes de formalizar la presentación de alianzas para la renovación parlamentaria de octubre, el propósito es constituir un movimiento opositor al gobierno de la Libertad Avanza.
A partir del 24 de julio todos los trámites referentes al servicio impropio de la ciudad capital, deberán realizarse en la Municipalidad de la Ciudad de Salta.
La Comisión evaluará posibles sanciones contra Pablo López, denunciado por violencia de género. Además podrá disponer acciones conducentes para recabar la información necesaria para su tratamiento.
El ministro de Economía Luis Caputo informó la aprobación de régimen para la empresa Galan Lithium y confirmó el rechazo a la solicitud de adhesión de los chinos de Ganfeng para otro proyecto en Salta.
La ministra de Educación, aseguró que la provincia ofrece aumentos por encima de la inflación nacional, pero señaló que “no siempre se puede dar lo que se quiere, sino lo que se puede”.
El responsable de Tisec, advirtió que el conflicto con el Hospital Militar es parte de un avance privatizador que busca concentrar la atención médica en pocas manos, poniendo en riesgo el acceso a la salud.