Con escasa información sobre la actual situación de la principal obra social de la Provincia, se conoció la intención del Ejecutivo de producir cambios que de inmediato fueron rechazados por representantes de la masa de afiliados.
Opinión23/05/2025
A casi sesenta días de cumplirse el plazo de la intervención dispuesta en febrero, no se observa que sus objetivos se hayan alcanzado.
El Instituto Provincial de Salud de Salta fue creado por la Ley 7127, promulgada el 4 de enero de 2001. Inicialmente funcionó como Instituto Provincial del Seguro, en 1950 y bajo la sigla IPPS es una entidad autárquica con personería jurídica, autogestión administrativa, económica y financiera, que brinda un servicio que es esencial para alrededor de 270.000 afiliados que, según el Círculo Médico de Salta, representan el 70 por ciento del total de pacientes en toda la Provincia.
Sus afiliados son en su mayoría empleados públicos, que se integran de manera forzosa. De allí que conocer que el gobernador Gustavo Sáenz sostenía el propósito de limitar ese vínculo hasta el momento de la jubilación, no encontró apoyo y esa propuesta está siendo sometida a una revisión.
El rechazo fue expresado en términos severos por los dirigentes de los gremios del sector público, que no descartan medidas de fuerza si la resolución de la situación de la obra social pasa por trasladar su peso en el afiliado. Si se atiende al texto del proyecto de ley que, con la firma del gobernador, ingresó a la Legislatura pocos días después de las elecciones, no hay dudas que los afiliados no participarán en el diseño de la soluciones a la crisis que motivó que la obra social sea intervenida. Sin embargo, pagarán el costo de la solución.
Transcurridas las dos terceras partes del plazo de intervención, no hay un informe acabado de cuál es la situación y mucho menos de sus orígenes, aunque se está confirmando que el precio de los medicamentos es una de las causas y de allí que se pretenda establecer la obligación de recetar genéricos. La otra disposición es la más repudiada: el IPS no atenderá a jubilados.
A través del Decreto 108, del 25 de febrero pasado, se dispuso la intervención del Instituto, reconociendo que atraviesa un delicado estado financiero, que obligó a la Provincia a realizar un esfuerzo económico financiero extraordinario pero pese a las transferencias de recursos, no se logró superar. Al momento de la emisión del decreto la obra social había acumulado deudas, por un monto superior a los veinticinco mil millones de pesos. A esta fecha no se conoce con precisión cómo se constituyó ese pasivo. Y ese es el punto que se convirtió en la cuestión central.
Todo concurre a sospechar que no sólo el desequilibrio de las cuentas como consecuencia de una economía inestable han provocado un déficit descontrolado; tampoco se puede achacar su descalabro a una gestión deficiente. El Gobernador de la Provincia públicamente pidió a sus ministros que promuevan reuniones con las comisiones legislativas correspondientes para mejorar la iniciativa girada a la Cámara de Diputados. Gustavo Sáenz no dejó mucho margen para especular luego que declarara que se han detectado pagos indebidos a clínicas que facturaron más días que los que efectivamente se usaron en una internación, además de la realización de estudios innecesarios.
No pareciera que solo hubo descontrol. Al menos, si se atienden las palabras del mandatario hubo hechos que exigen una investigación que supere lo administrativo, objetivo de la intervención.
“Tenemos que garantizar que esta obra social no siga siendo saqueada por quienes no entienden que la salud debe estar por encima de todo”, es lo que dijo el responsable de la conducción política del Estado. Y en esa tarea se deben comprometer todos los poderes.
Salta, 23 de mayo de 2025
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