El Gobierno delegó al Consejo Federal de Educación la negociación salarial docente

El Ejecutivo determinó que, considerando la participación del ente en la organización y gestión del sistema educativo, "deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano".

Política21/05/2025

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El Gobierno comunicó este miércoles a la medianoche que el Consejo Federal de Educación será el organismo encargado de discutir con los gremios docentes con representación nacional las condiciones laborales, el salario mínimo y la carrera de los docentes, así como también el calendario educativo, según lo estableció a través del Decreto 341/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La normativa modifica la Ley N° 26.075 y saca de la negociación directa a la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano. Según el texto oficial, esta Secretaría solo intervendrá para “refrendar el convenio o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”.

El Poder Ejecutivo justificó el cambio señalando que “considerando la participación del referido Consejo Federal en la organización y gestión del sistema educativo, deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, en dicha negociación”.

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Además, se destacó que, tras la transferencia de los servicios educativos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “son dichas jurisdicciones las que resultan empleadoras de los docentes de sus sistemas educativos, por lo que corresponde que sean estas las que participen de las negociaciones, a través del Consejo Federal de Educación”.

Aunque la Secretaría de Educación pierde peso en la mesa de negociación, el decreto aclara que seguirá siendo responsable de “revisar la propuesta elevada en los términos del citado artículo 10° de la Ley N° 26.075 y analizarla de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, previo a refrendarla”.

Con esta medida, el Gobierno busca “reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública, priorizando la eliminación de funciones redundantes o de escaso impacto en el interés general, asegurando así un uso más eficiente de los recursos”.

Con información de News Digitales

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