Tenencia de armas: ahora se podrá gestionar todo online con la modalidad “Express”

El Gobierno implementó una nueva modalidad virtual para acceder con mayor agilidad al permiso de tenencia de armas de fuego, bajo el nombre de “Tenencia Express”, dentro del Plan de Transformación Digital Integral de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 45/2025, firmada por Juan Pablo Allan, actual titular del organismo, y publicada en el Boletín Oficial.

Este sistema estará disponible únicamente a través de la plataforma online MiAnmac, lo que permitirá a los usuarios gestionar los trámites desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

De esta manera, el organismo indica que busca agilizar procesos, garantizar trazabilidad y reforzar los controles, sin perder de vista los requisitos legales vigentes.

La obtención de credenciales digitales para portar armas

Desde el sitio web de MiAnmac, los usuarios podrán solicitar la tenencia de armas, acceder a la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM), efectuar los pagos correspondientes y obtener las credenciales digitales, que se integrarán de forma automática con la aplicación MiArgentina.

El valor del trámite fue fijado en 20 Unidades ANMaC (equivalente a $20.000), mientras que la emisión de la TCCM tendrá un costo de 10 Unidades ANMaC.

Este mecanismo digital incluye controles automatizados para verificar antecedentes penales y la condición de revista de miembros de Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, policías y personal penitenciario, reduciendo la intervención humana y acelerando los tiempos de validación.

La decisión se inscribe en un proceso de modernización que ya había comenzado en diciembre pasado, cuando el Gobierno modificó el artículo 55 de la Ley 20.429 (Ley Nacional de Armas y Explosivos), reduciendo de 21 a 18 años la edad mínima para acceder a la tenencia y portación de armas de uso civil. Con este cambio, la mayoría de edad se estableció como único requisito para adquirir, portar o heredar armamento.

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Reducción de exigencias para comerciantes

Además, a comienzos de mayo, el Ejecutivo nacional avanzó con la eliminación de ciertos requerimientos para quienes se dedican a la venta de armas y municiones, medida formalizada a través de la Resolución 49/2025. El objetivo fue simplificar el marco regulatorio y disminuir la carga administrativa tanto para comerciantes como para el propio Estado.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la supresión de la obligación de contar con habilitaciones municipales e inscribirse previamente ante la ANMaC, condiciones que antes eran indispensables para operar en el rubro. Esta modificación impactó positivamente en comercios minoristas y mayoristas, así como en fábricas, talleres artesanales y depósitos.

La normativa actual permite a los pequeños productores fabricar hasta 1.200 unidades anuales sin necesidad de cumplir los mismos requisitos que las grandes firmas. Asimismo, el alcance de la medida incluye a establecimientos dedicados a la recarga de municiones, la reparación de armas, el ensamblaje de materiales especiales, las plantas de destrucción y los depósitos de almacenamiento.

Por otro lado, los usuarios de entidades de tiro ya no necesitarán obtener permisos municipales para poder operar, lo cual representa una desregulación significativa para ese sector.

Nuevo destino para armas decomisadas

La normativa también introdujo un cambio respecto al tratamiento del armamento incautado por las Fuerzas de Seguridad Federales. A partir de ahora, esas armas podrán ser reasignadas para uso policial, siempre y cuando queden registradas y almacenadas por la ANMaC hasta que el Ministerio de Seguridad determine su destino final.

No obstante, el Gobierno aclaró que los comerciantes de armas deberán seguir cumpliendo con todas las exigencias legales vigentes a nivel nacional, provincial y municipal, incluyendo las normas de seguridad relacionadas con el manejo y resguardo de materiales controlados.

Estas reformas reflejan una estrategia orientada a digitalizar procedimientos, reducir requisitos burocráticos y aprovechar los recursos disponibles, en un contexto donde el Estado busca agilizar la administración pública y, al mismo tiempo, fortalecer los sistemas de control sobre el uso de armas en todo el país.

Con información de Ámbito