Agustina Tolaba
A través de la acordada N°14360, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Corte de Justicia de Salta resolvió reforzar el control jurisdiccional sobre la ejecución de las penas privativas de libertad mediante nuevas medidas organizativas. A través de la Acordada N° 14.360, el máximo tribunal provincial dispuso que tres jueces del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial del Centro participen, por turnos bimestrales, en esta etapa clave del proceso penal.
La decisión se da en el marco de un diagnóstico crítico sobre la actual capacidad operativa de los Juzgados de Ejecución y Detenidos, que demostró ser insuficiente frente al volumen de causas y tareas asumidas, especialmente en los Distritos Judiciales del Centro y Sur. Las auditorías recientes revelaron demoras que pueden derivar en la vulneración de derechos, afectando el régimen de progresividad de la pena.
Para abordar esta situación, la Corte ya había dispuesto la creación de la Oficina Judicial de Ejecución (OFIJU EJE) mediante la Acordada 14.322. Ahora, complementa esa iniciativa habilitando la intervención de más jueces y ampliando el alcance operativo del fuero de ejecución.
Además, se faculta a la Presidencia de la Corte a dictar las normas complementarias necesarias para implementar este nuevo esquema y garantizar su funcionamiento eficaz.
