La Corte de Justicia pondrá en marcha una oficina específica para agilizar los procesos y proteger derechos de los condenados.
Salta06/05/2025
Agustina Tolaba
A través de la acordada N°14360, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Corte de Justicia de Salta resolvió reforzar el control jurisdiccional sobre la ejecución de las penas privativas de libertad mediante nuevas medidas organizativas. A través de la Acordada N° 14.360, el máximo tribunal provincial dispuso que tres jueces del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial del Centro participen, por turnos bimestrales, en esta etapa clave del proceso penal.
La decisión se da en el marco de un diagnóstico crítico sobre la actual capacidad operativa de los Juzgados de Ejecución y Detenidos, que demostró ser insuficiente frente al volumen de causas y tareas asumidas, especialmente en los Distritos Judiciales del Centro y Sur. Las auditorías recientes revelaron demoras que pueden derivar en la vulneración de derechos, afectando el régimen de progresividad de la pena.
Para abordar esta situación, la Corte ya había dispuesto la creación de la Oficina Judicial de Ejecución (OFIJU EJE) mediante la Acordada 14.322. Ahora, complementa esa iniciativa habilitando la intervención de más jueces y ampliando el alcance operativo del fuero de ejecución.
Además, se faculta a la Presidencia de la Corte a dictar las normas complementarias necesarias para implementar este nuevo esquema y garantizar su funcionamiento eficaz.
El complejo tendrá sectores de alto rendimiento y deporte social, abarcará 42 disciplinas y se construirá en cinco hectáreas del Legado Güemes y el Delmi.
El fiscal general Carlos Amad criticó la complicidad de funcionarios y médicos, y aseguró que cada caso irregular será investigado.
La Municipalidad, junto al gobierno provincial, implementó un dispositivo de asistencia que ofrece un refugio seguro y servicios médicos esenciales para aquellos que carecen de un techo donde pasar las noches frías.
La abogada previsional Julia Toyos destacó que el reciente fallo en Salta por el caso Palavecino demuestra la pérdida real que generó la fórmula de movilidad vigente entre 2021 y 2024.
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