Lo anunció el ministro Caputo. Casi en simultáneo, el grupo que lidera el proyecto, entre los que están YPF, PAE y Pampa Energía, anunció el arribo de un segundo buque a Río Negro.
Argentina02/05/2025
El Gobierno aprobó el tercer proyecto del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de la iniciativa “Argentina NGL” que lleva adelante un consorcio de grandes petroleras locales y extranjeras para exportar desde 2027 gas de Vaca Muerta por barco desde las costas de Río Negro por unos US$2500 millones anuales.
El anuncio de la aprobación del tercer RIGI, de la docena que está en evaluación, lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, donde celebró la confirmación de “uno de los proyectos de GNL flotantes más grandes del mundo en Argentina”.
Se trata de la iniciativa del consorcio Southern Energy, en el que están asociados YPF, PAE, Pampa Energía y la británica Harbour con la noruega Golar, por el que se prevé exportar el gas de Vaca Muerta procesado en buques apostados en el Golfo de San Matías.
Casi en simultáneo al posteo de Caputo, el grupo inversor anunció que sumará en 2028 un segundo barco regasificador al proyecto, que en principio planteaba construir una planta en tierra, pero que finalmente fue descartado.
Para que la Argentina se convierta en exportador del GNL, el consorcio empresario presentó la iniciativa en el RIGI con una inversión prevista en US$2900 millones durante los primeros 10 años y un total de US$7000 millones para las dos décadas del proyecto.
Caputo remarcó que “la Argentina podrá estar licuando 26 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a partir de 2027. Con los dos barcos en producción, la Argentina estará exportando US$2500 millones por año por los próximos 20 años".
El ministro agregó que también implicará la construcción de un nuevo gasoducto para abastecer a los buques de licuefacción en la costa rionegrina. La primera etapa de la inversión ya tiene la aprobación del RIGI”, planteó.
Cómo es el proyecto para que la Argentina exporte gas de Vaca Muerta
La petrolera Pan American Energy (PAE) anunció este viernes que en 2028 llegará un segundo barco de licuefacción de gas natural para el proyecto, por el cual cuando se concrete, la Argentina ingresará al grupo de países exportadores de GNL.
Es por un acuerdo con su socia Golar LNG, la encargada de los buques. Así, con la confirmación del arribo de ese barco, que se está construyendo en China, el consorcio Souther Energy completará la primera etapa del Argentina LNG, informó la empresa.
Ambos buques permitirán procesar unos 28 millones de metros cúbicos de gas por día, lo que equivale al 20% de la actual producción diaria del país.
Según informó la empresa, el nuevo buque, denominado “MKI”, se sumará a fines de 2028 al “Hilli Episeyo”, el primer barco para transformar el gas natural en GNL que comenzará a operar en 2027.
La compañía prevé que las dos terminales flotantes de licuefacción operen y exporten todo el año. Por eso, remarcaron que necesitará la construcción de un nuevo gasoducto entre Vaca Muerta y el Golfo San Matías.
“La instalación de los dos buques de licuefacción en Río Negro favorecerá la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales, la introducción de nuevos procesos productivos y tecnológicos y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación”, completó la comunicación de la empresa.
Southern Energy está integrada por PAE, con el 30% de participación; YPF, con 25%; Pampa Energía (20%); Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).
A fines de abril, la Secretaría de Energía otorgó el certificado de autorización de libre exportación de gas natural licuado por un plazo de 30 años. Este viernes, Caputo informó que también se aprobó la adhesión del proyecto al RIGI.
Con información de TN
La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
El fallo también suspendió el artículo de la ley que obligaba al Congreso a decir de donde sacaba los fondos para la implementación.
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