La oficina central de PAMI, la obra social de los jubilados, anunció este jueves que iniciará una “investigación interna” sobre las compras y contrataciones que se realizan en las delegaciones del instituto que están desplegadas a lo largo y a lo ancho del país. Un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas para que las oficinas de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”. Y subrayó que se detectó “un uso llamativamente elevado del mecanismo de excepción -contrataciones directas, sin licitación- para adquisición de medicamentos, insumos y tratamientos”.
“No se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”, dice el durísimo comunicado que difundió la cúpula de PAMI. La información es relevante en términos administrativos, pero debe leerse, ineludiblemente, en clave política.
Es un síntoma de un crítico conflicto interno que viene creciendo en la cúpula de La Libertad Avanza entre el sector de los estrategas que responden a Santiago Caputo y el de los “armadores territoriales” encarnados en “Lule” y Martín Menem a nivel nacional y en Sebastián Pareja, el titular del partido en la provincia de Buenos Aires.
En el trazo grueso, los armadores quieren dar las batallas electorales y llevar la boleta de un violeta puro hasta el último concejo deliberante del país. Los “estrategas” de la Casa Rosada creen que la calculadora electoral tiene que estar en función de la elección legislativa nacional y que, si es necesario, hay que resignar peleas locales para privilegiar las bancas en el Congreso en octubre. La enemistad entre los bandos es cada vez más evidente y se expande a distintas áreas de poder. Hoy la arena de disputa está en el PAMI.
