Ocurrió en diciembre de 2023, cuando un hombre fue encontrado sin vida en las márgenes de un canal en inmediaciones del barrio Tomás Ryan, tras haber sido despojado de sus pertenencias.
Fraude por mil millones de pesos en pensiones truchas: investigan una red que operaba en Chaco, Salta y Jujuy
El fiscal federal Carlos Amad destapó un escándalo millonario que involucra a funcionarios públicos, médicos y oficinas de ANSES en el norte del país.
Judiciales23/04/2025
El fiscal federal Carlos Amad reveló en una entrevista con el programa Pasaron Cosas que una investigación iniciada en 2023 destapó un fraude masivo con pensiones por invalidez que involucra a funcionarios públicos, profesionales de la salud y oficinas de ANSES en el norte argentino.
Todo comenzó en la localidad chaqueña de Taco Pozo, donde Amad –fiscal subrogante de la Fiscalía de Sáenz Peña– detectó la existencia de aproximadamente 640 pensiones otorgadas de forma fraudulenta. Según explicó, el esquema incluía la emisión de certificados médicos falsos y la manipulación de historias clínicas, en complicidad con médicos, bioquímicos y empleados del hospital local.
“En el otorgamiento de esas pensiones intervinieron médicos, bioquímicos… falseando historias clínicas. También actuó la oficina local de ANSES, que estaba a cargo de la hija del intendente”, denunció Amad. La maniobra habría causado un perjuicio al Estado de casi 1.000 millones de pesos en cuatro años.
El caso no terminó ahí. Un médico involucrado resultó ser oriundo de Joaquín V. González (Salta) y prestador del sistema nacional de salud, lo que llevó a extender la investigación a las provincias de Salta y Jujuy. Bajo la coordinación del fiscal general Eduardo Villalba, se conformó un equipo especial que ya está auditando más de 80.000 pensiones entre ambas provincias.
La pesquisa cuenta con apoyo de Gendarmería Nacional, la AFIP, ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y se centra en detectar patrones sospechosos a través del cruce de datos. Una de las claves de la investigación es que las pensiones se otorgaron de manera remota, lo que compromete directamente a quienes usaron sus firmas electrónicas sin haber reportado robos ni hackeos.
“Nadie podrá decir que le hackearon la firma. Nadie denunció pérdida de token. Todos van a tener que explicarle a la Justicia y a la sociedad por qué hicieron esto”, advirtió Amad.
Aunque por ahora no hay imputados identificados con nombre y apellido en las nuevas jurisdicciones, el fiscal aseguró que las investigaciones siguen avanzando con auditorías localidad por localidad.
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