A diez años de la muerte de Nisman: ni autor intelectual ni material

La noche del 18 de enero del 2015 se conoció la noticia que sorprendió a todos y trascendió fronteras casi de manera inmediata. El centro de atención fueron las torres Le Parc en el lujoso barrio de Puerto Madero lugar donde vivía el entonces fiscal Alberto Nisman, quien en ese momento tenía a su cargo la investigación de la causa por el atentado a la AMIA.

Allí, en uno de los baños del departamento del piso 13 fue encontrado su cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza. El primero en revelar el lamentable suceso fue el periodista Damián Patcher, quien dijo que su vida corría peligro y salió del país. 10 años después, Patcher cree que fue la expresidenta Cristina Fernandez de Kirchner quien ordenó su muerte.

Días antes de morir, Nisman denunció e imputó a Fernández de Kirchner por “decidir, negociar y organizar la impunidad” de los iraníes involucrados con la voladura de la mutual israelita argentina, por lo que pidió su indagatoria. Precisamente el 19 de enero, el fiscal iba a presentarse en el Congreso de la Nación para explicar las razones de semejante acusación a la por entonces primera mandataria.

La investigación del fallecimiento tuvo un cuestionable inicio pues la primera intervención vino de la mano de la justicia nacional criminal y correccional de la Ciudad, también conocida como justicia ordinaria, cuando era la justicia federal quien tenía que hacerse cargo. Esto responde a que Nisman era fiscal en el ejercicio de sus funciones; no obstante, el pase del expediente de un fuero al otro vino varios meses después por parte de la jueza Fabiana Palmaghini, cosa que fue refrendada por la Corte Suprema, pero ya se habían realizado gran parte de las diligencias. 

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La fiscal Viviana Fein fue quien encabezó las primeras pericias en el departamento al cual, según un informe reciente del fiscal federal Eduardo Taiano que indica el estado de situación de la causa, ingresaron más de 80 personas. El primer reporte de la autopsia que recibió Fein dio cuenta que no hubo intervención de terceros en la escena del crimen ni sobre el cuerpo de Nisman. Meses más tarde, se conoció una conclusión reveladora pues la junta médica determinó que no había indicios para sostener que la muerte de Nisman fue un homicidio.

El expediente desembarcó en Comodoro Py quedando en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano quien ordenó nuevas medidas de prueba, siendo Gendarmería Nacional el órgano elegido para las pericias que dieron cuenta que “habrían participado terceras personas ajenas a la víctima, que además intentaron simular su suicidio”. Para el juez y el fiscal, se trató de un homicidio, postura que fue ratificada por la Cámara Federal Porteña como instancia superior.

Taiano corroboró lo anterior en el informe reciente y agregó que la participación de los terceros fue activa. Además, concluyó que esas personas además de reducir y llevar al baño a Nisman, buscaron simular un suicidio y “lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza”.

El fiscal denominó el homicidio como un plan criminal el cual “fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como ‘arma amiga’-”.

Dicha arma hallada junto al cuerpo del fiscal Nisman era una pistola Bersa, calibre 22 modelo 62 y era propiedad del técnico informático Diego Lagomarsino, última persona en verlo con vida, actualmente procesado como partícipe necesario por haberla proveído. Lagomarsino y Nisman tenían un vínculo de confianza luego de haber trabajado juntos en la UFI AMIA. 

En una entrevista reciente en el programa “Yo no fui”, Lagomarsino enfatizó: “Me hago cargo de que le di un arma a Alberto a su pedido, pero no me hago cargo del resto de las cosas que me dicen que pasaron”. Además del técnico informático, también están procesados los 4 custodios de Nisman de “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Para la justicia los encargados de la seguridad del fiscal permitieron el ingreso a su casa del arma que le causó la muerte.

A mediados de diciembre del año pasado, Taiano imputó al Senador Provincial Sergio Berni, por entonces Secretario de Seguridad de la Nación y uno de los primeros en llegar a Puerto Madero, en una causa que corre en paralelo por las irregularidades ocurridas en la escena del crimen. 

Junto a Berni fueron imputados su número 2, Darío Ruiz, también Román Di Santo, jefe de la Policía Federal y el antiguo jefe de la Prefectura, Luis Alberto Heiler. Di Santo hizo un descargo en la justicia donde rechazó las acusaciones y sostuvo que llegó a Le Parc después que arribó el ex Secretario de Seguridad.

La investigación sigue en curso con pruebas tendientes a determinar responsabilidades. Durante una década, el asesinato del fiscal fue motivo de disputa en la política por un lado y con el kirchnerismo a la cabeza sostuvo que se trató de un suicidio.

La causa por la muerte de Nisman cala de lleno en el expediente por el memorando de entendimiento con Irán que involucra a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el cual a finales del año pasado, la Corte Suprema de Justicia confirmó la realización del juicio oral y público.

Con información de MDZ