Segundo año sin Presupuesto: los riesgos, números y las críticas de la oposición

El Gobierno nacional prorrogó el presupuesto de 2023 y sus modificaciones para 2025. Es la primera vez desde el cambio de la Ley de Administración Financiera que por dos años seguidos se prorroga el presupuesto.

A pesar de ser presentado por el presidente Javier Milei ante el Congreso, el proyecto para 2025 no alcanzó a ser tratado en el Congreso y el Gobierno no lo incluyó en el temario para convocar a extraordinarias, convocatoria que también fue pospuesta por el oficialismo.

El proyecto planteaba una inflación de 18% anual para diciembre de 2025, un crecimiento del 5% y una regla fiscal que explicaba que si se recortaban los ingresos, se recortaría el gasto, además del compromiso con el superávit fiscal.

Desde Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) advirtieron que la segunda prórroga "constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público y refleja la imposibilidad de alcanzar acuerdos mínimos necesarios". 

La falta de un presupuesto aprobado por el Congreso le otorga al Ejecutivo mayor discrecionalidad en la asignación de recursos y limita la intervención del Poder Legislativo.

El economista Roberto Cachanovsky sostuvo que "el presupuesto 2023 tenía déficit fiscal, no suspendía la obra pública ni restituía el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Es decir, se está gobernando sin presupuesto".

En concreto, lo que regirá para el año próximo es el presupuesto 2023 con las modificatorias que sufrió, es decir, las aprobaciones de gasto que se hicieron durante 2024.

Deberán restarse los recursos que no puede ser recaudados nuevamente, los ingresos de operaciones de crédito que hayan sido utilizados ni los excedentes de ejercicios anteriores. Sobre estos, el cambio central es la desaparición del impuesto PAIS, que en el año recaudó el equivalente al 3% del PBI.

Sobre las modificaciones del presupuesto, desde ASAP habían analizado que si bien se habían duplicado los fondos, al ajustarlos por inflación reflejaban una caída del 30% real.

En el frente de los gastos, se eliminarán los créditos presupuestarios que hayan cumplido con los fines previstos y se deberán incluir los indispensables para el servicio de deuda y garantizar la continuidad de los servicios.

La falta de ley tiene implicancias en diversos órdenes, porque además de fijar las autorizaciones máximas de gasto y los recursos para atenderlo, el presupuesto "define la meta del resultado financiero, autoriza la emisión de nueva deuda, incluye el plan de obras, contempla disposiciones que afectan al sector privado, establece los recursos financieros para las provincias, municipios y empresas públicas, contiene las pautas de evolución de los salarios públicos y de jubilaciones y pensiones", entre otros, indicaron desde ASAP.

En el debate, los gobernadores pedían más recursos para infraestructura (tras una caída de la inversión del 71% acumulado) y la resolución de deudas previsionales de la Nación, mientras que la oposición planteó que pedía recomponer los ingresos de los jubilados.

El diputado radical Martín Tetaz reveló que "la oposición responsable estaba dispuesta a aprobar un presupuesto equilibrado, pero pedía que si los recursos crecían más de lo planificado, se recompusiera el 8%" que perdieron los jubilados tras el cambio de fórmula y los salarios de los docentes universitarios.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, rechazó las acusaciones y sostuvo que la oposición buscaba aumentar el gasto sin financiamiento y que clausuraron el debate "planteando medidas deficitarias por $4 billones". 

Cronista