Le envió un oficio al juez de garantías Edwin Bastián de esa ciudad entrerriana, en la que el fiscal José Arias investiga el aumento patrimonial del ex senador.
Política18/12/2024
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado le pidió a la Justicia de Concordia que se inhiba en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex senador Edgardo Kueider y que el expediente que tramita en esa ciudad entrerriana pase a su Juzgado en San Isidro, por considerar que los delitos investigados son competencia de la Justicia Federal. Actualmente hay dos causas en las que se investiga al ex legislador, quien perdió sus fueros tras ser expulsado de la Cámara baja el jueves pasado, y se encuentra en prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay.
Una está a cargo de Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez, quien le requirió a la magistrada que pida la inhibitoria de la Justicia entrerriana. La otra está en la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, y la impulsa el fiscal provincial José Arias. Interviene el juez de garantías Edwin Leonardo Bastián, destinatario del oficio que salió ayer del despacho de Arroyo Salgado.
El expediente de Concordia se abrió a partir de una denuncia de un vecino de esa ciudad -Eliseo Blanco- presentada el 16 junio pasado, a partir de una publicación del sitio El Disenso que revelaba que el ex senador tenía tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en la ciudad entrerriana de Paraná, a través de una sociedad - Betail SA - que habría usado como pantalla para ocultar que era el dueño. La denuncia recayó en la Fiscalía a cargo de Martín Nuñez, pero pasó 40 días casi sin movimiento. Esto derivó en que el fiscal coordinador de Concordia la derivara a su colega Arias, quien tomó intervención y abrió formalmente la investigación el 30 de julio.
En tanto, en la Justicia Federal, la causa por enriquecimiento ilícito se inició el 2 de julio último, a partir de una denuncia del periodista Christian Sanz, en base a esa misma publicación y otra nota del sitio elentrerios.com, que se hacía eco de esos departamentos en el edificio Live en Santiago del Estero 511 que había comprado Kueider en 2021, ya siendo senador nacional.
Los argumentos de Arroyo Salgado
Entre los argumentos de la jueza para solicitar la inhibitoria de la Justicia de Concordia figuran que “los hechos investigados se engarzan en una aceitada matriz de corrupción de mayor envergadura”, en referencia a la causa Securitas, y que su Juzgado interviene en ese expediente desde 2020, mucho antes que la causa abierta en Concordia, y que investiga delitos de mayor gravedad.
Para Arroyo Salgado, mientras que la Justicia de Concordia está focalizada sólo en el enriquecimiento ilícito de Kueider, en su Juzgado se están investigando hechos previos que explicarían el aumento patrimonial del ex senador, o sea, el delito precedente al posible lavado de dinero por parte de Kueider y su entorno, que se habría consumado con la compra de propiedades o inversiones en Paraguay. En ese caso, la existencia del delito de lavado implicaría que es competencia federal.
Arroyo Salgado recuerda, además, que la causa “madre” de Securitas se encuentra en un estadio procesal más avanzado, ya que se dictaron 17 procesamientos, de los cuales 11 fueron confirmados por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre pasado. Entre ellos, figuran directivos de la empresa de seguridad; los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, a cargo de la Regional Litoral de Securitas y acusados de haber pagados coimas a funcionarios de la ENERSA, y un ex gerente de Logística de la empresa provincial, Alejandro Javier Cis.
La jueza menciona, además, que en su causa se recopilaron elementos de prueba en los allanamientos recientemente realizados en los domicilios particulares de los principales investigados, por Kueider y Guinsel Costa.
También hace referencia a que en su Juzgado se investiga a funcionarios y empleados del Poder Legislativo nacional (Guinsel Costa estuvo nombrada en el despacho de Kueider entre febrero y agosto de este año, y González es empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004), y son de competencia de la justicia federal “todos aquellos casos en los que no pueda descartarse un obstáculo al normal funcionamiento de instituciones o que se haya corrompido la prestación de servicios nacionales”.
La magistrada mencionó, asimismo, que el Código Procesal Penal de la Nación dispone, en su artículo 18, que corresponde a la competencia federal, “los delitos perpetrados en el extranjero cuando sus efectos se produzcan en nuestro país o fueren ejecutados por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo”.
En este sentido, Arroyo Salgado recordó que el jueves pasado exhortó a la autoridad judicial de Paraguay a “proceder a la identificación, detección y el embargo preventivo o la incautación con miras a un eventual decomiso sobre todos los bienes inmuebles, muebles y productos financieros” que registren Kueider y Guinsel Costa, así como toda participación que posean en sociedades a su nombre en ese país. Sumado a esto, dispuso ordenar la inmediata detención de ambos y su captura nacional e internacional. Como reveló ayer Infobae, la magistrada ya envió a Cancillería el exhorto para pedir la extradición de ambos al país.
Para la jueza, “la unificación de los procesos en un solo tribunal aparece como aconsejable, si se tiene en cuenta que así se logrará una mejor y más pronta administración de justicia, sumado a la circunstancia de que implicará también evitar un dispendio jurisdiccional innecesario”. En ese sentido, mencionó que “tanto funcionarios de la Gendarmería Nacional Argentina, como así también otros designados al efecto por el Magistrado de Concordia, se encuentran investigando los mismos hechos, lo que importa un innecesario dispendio de recursos humanos para esas fuerzas e incluso una posible colisión y/o entorpecimiento en la labor de cada una”.
Y agregó en el oficio que envió a su colega Bastián: “La acumulación de los expedientes ante un mismo Juez, permitirá que este cuente con la totalidad de los elementos incorporados en cada una de las investigaciones, pudiendo de tal modo proveer lo necesario en el sentido de determinar fehacientemente la concurrencia de los hechos pesquisados y, eventualmente la responsabilidad de los autores y la calificación final que en definitiva podría caberles en esta etapa instructora”.
“Demás está señalar que de no procederse favorablemente a la petición de inhibitoria que aquí habré de resolver, a futuro podría traer aparejado el riesgo de arribar a decisiones jurisdiccionales contradictorias”, concluyó.
Con información de Infobae
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