Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo vendían algodones de azúcar junto a los imputados. El debate entra en receso y continúa en 2025.
Política18/12/2024
La última audiencia del año en el juicio por el intento de asesinato de la exvicepresidenta Cristina Kirchner tendrá como testigos a los cuatro vendedores de algodones de azúcar, que trabajaban junto a los sospechosos de haber planificado el atentado frustrado que ocurrió en diciembre del 2022.
Se trata de Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo. La primera declaración está prevista para las 9.30, y se desarrollará en la sala AMIA de Comodoro Py, donde -desde fines de junio- están siendo juzgados Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes posiblemente vuelvan a declarar en esta instancia. Después, el debate entra en receso y continúa en 2025. Se espera que el veredicto se emita recién en abril.
Los otros integrantes de la banda de “los copitos” se conocieron públicamente días después del hecho, cuando fueron a dar explicaciones en un programa de televisión. En esa entrevista se los vio junto a Brenda Uliarte, que particularmente estaba vestida con un tapado de piel en pleno diciembre, y con un gorro que le cubría el pelo en su totalidad. También estaba Carrizo, el jefe del negocio de algodones de azúcar.
El dueño del emprendimiento coordinó y llevó la voz de mando en la nota que salió en vivo en Telefé. En su defensa, Carrizo aseguró que no fue cómplice del atentado y que “no sabían” lo que estaba tramando Fernando. Sin embargo, a las pocas horas del ataque subió publicaciones violentas contra el gobierno del Frente de Todos.
“Seguro el próximo sos vos Alberto”, escribió Gabriel en una de sus historias. “El gobierno es vulnerable y espero que les quede claro. Nosotros somos los que mantenemos a estos parásitos ahí. Estarían juzgando a alguien que le hubiese hecho un gran favor a toda la nación”, escribió en otra publicación. Luego borró todo.
Brenda Uliarte también habló en esa nota, defendió a su expareja y aseguró que no formó parte de la planificación del atentado: “Estamos con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y nosotros no tuvimos nada que ver. No somos terroristas”.
Según pudo saber TN de fuentes judiciales, con esta jornada se terminaría la lista de allegados, conocidos, amigos y familiares de los imputados. Para la reanudación del debate tras la feria judicial, comienzan a declarar el bloque de testigos que manipularon el celular de Sabag Montiel, que terminó con la pantalla rota y no se pudo prender.
Posteriormente, están citados los psicólogos y psiquiatras que van a declarar sobre el pedido de imputabilidad de Brenda Uliarte, que había presentado su abogado defensor para poder sortear el juicio. Según Alejandro Cipolla, la acusada no está en condiciones de afrontar un proceso penal y solicitó que sea evaluada por profesionales de salud mental.
Por último, podría abrirse un nuevo bloque de testigos del ámbito político. Depende de los jueces del tribunal si convoca o no a personas vinculadas a Revolución Federal y gente cercana al diputado Gerardo Milman. La fiscalía había solicitado que sean llamados a declarar al ofrecer prueba para el juicio, a fines del año pasado y comienzos de este año. El Tribunal tuvo presente el pedido, pero decidió esperar a ver si del debate surgían motivos por los que su convocatoria deviniera procedente.
Estos testigos son parte de un expediente que se abrió debido a la frase que le atribuyen al legislador. “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”, habría dicho. Fue el asesor del Frente de Todos, Jorge Abello, quien dijo haber escuchado a Milman cuando estaba almorzando en un bar porteño. Su versión fue duramente cuestionada y lo denunciaron por falso testimonio, ya que no se pudo comprobar que lo haya dicho.
Este dato fue planteado por la defensa de Milman cuando los abogados de Cristina Kirchner le pedían a la Cámara Federal profundizar las diligencias sobre esta línea de la investigación. La querella de la exvicepresidenta, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclamaba diversas medidas de prueba solicitadas en relación con el presunto borrado de celulares por parte del entorno del legislador.
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