Tras fallo judicial, el Gobierno reincorpora 66 comedores y merenderos al programa

En una maniobra que mezcla política, justicia y asistencia social, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, dio marcha atrás y reincorporó 66 comedores comunitarios gestionados por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros” al Programa Alimentar Comunidad. Este movimiento, lejos de ser espontáneo, respondió a una orden judicial emitida por el juez federal en lo contencioso-administrativo, Enrique Lavié Pico, quien había establecido un plazo de 72 horas hábiles para cumplir con la medida.

Juan Grabois, en tanto, criticó y acusó de incumplimiento de sus funciones a Pettovello a través de su cuenta personal en la red social X (ex Twitter): “Un año para cumplir con esto. Hasta que la amenazaron con desobediencia y multa, Pettovello incumplió sus deberes de funcionaria. Ya que nada es gratis, esto no le va a salir gratis.” Además, celebró la decisión: “Una pequeña victoria, una gota de justicia en un mar de crueldad”.

La palabra del Gobierno

Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que esta resolución no implica necesariamente el reabastecimiento de alimentos por parte del Ejecutivo Nacional: “Se incorporaron los 66 comedores según  la resolución judicial, pero quedaron afuera 11 comedores ‘fantasmas’”. Además, aclararon que “la resolución no ordenó entregar alimentos, sino incorporar comedores al programa, que transfiere fondos sujetos a rendición.”

Además, aseguraron que la orden judicial “remarca que la política de desintermediación que lleva adelante este gobierno es lo mejor para la gente, porque deja afuera a los gerentes de la pobreza que, por un lado, difaman, y por otro tienen comedores ‘fantasmas’”.

La explicación del entorno de Juan Grabois

Según una fuente cercana a Juan Grabois, el conflicto por la exclusión de los comedores comunitarios del Programa Alimentar Comunidad tiene un trasfondo claro: "Este conflicto comenzó cuando el gobierno decidió cortar el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios, bajo la excusa de 'comedores fantasmas' y la intermediación. Nosotros entendemos que eso vulnera el derecho a la alimentación de la población". Ante esta situación, se iniciaron dos causas legales: una en el fuero penal, que acusa a Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y otra en el fuero contencioso-administrativo, donde se debatió la verdadera cuestión de fondo: “Que los comedores comunitarios son los espacios que garantizan el derecho a la alimentación”.

El conflicto alcanzó un punto crítico en junio, cuando se descubrió un insólito hallazgo: "Se encontraron 5 millones de kilos de alimentos en galpones, mientras no se abastecían los comedores comunitarios", agregó la fuente.

Ahora, en el marco de la causa del fuero contencioso-administrativo, la UTEP y el CELS presentaron un recurso de amparo que solicitaba la reincorporación de los 66 comedores al programa.

La fuente explicó que "abastecer no significa que el Gobierno le dé los alimentos directamente a los comedores, sino que estos cuentan con una tarjeta en la que el Ministerio deposita el dinero, y los responsables de los comedores compran la comida, haciendo la correspondiente rendición de cuentas".

Con la reincorporación de estos 66 comedores, la decisión judicial abre la puerta para que más comedores, que quedaron afuera en febrero, puedan también ser reincorporados. "Esto sienta jurisprudencia para que más comedores puedan volver a recibir el abastecimiento de alimentos", concluyó la fuente, dejando claro que la lucha por la inclusión de los comedores comunitarios en el programa alimentario sigue siendo una batalla clave para el sector social que representa la UTEP.

Cierto es que, desde que Sandra Pettovello asumió la dirección del Ministerio de Capital Humano, decidió romper con la tercerización que el gobierno anterior había implementado para la distribución de alimentos secos. La ministra implementó un cambio radical, llevando los comedores directamente al Programa Alimentar Comunidad. Así, una vez que se “valida” que el lugar “existe”, se gira un monto de dinero determinado según la cantidad de personas que asisten al comedor. El importe se repone una vez que los responsables del comedor o merendero rinden los gastos.

Cabe recordar que, una auditoría realizada por el ex Ministerio de Desarrollo Social determinó que el 47% de los comedores que fueron inspeccionados de forma presencial y que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia, eran inexistentes.

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