Salta ya tiene ponderado el monto que el gobierno central le adeuda y se va a demandar en el marco del régimen creado para arreglar las obligaciones recíprocas.
En este proceso, los gobernadores recuperaron su poder de negociación entregando una de las cartas más altas que buscaba la gestión de Javier Milei. Este martes salvaron el decreto de necesidad y urgencia que le permite al Ejecutivo negociar la deuda en pesos, eludiendo la intervención del Congreso como manda la Constitución.
Ahora esperan que se habiliten acuerdos que cada provincia necesita para sostener las cuentas de su administración. Los legisladores nacionales no ignoran que su campo de facultades y atribuciones está afectado por el estado de necesidad de los gobiernos provinciales y que los mandatarios están dispuestos a consolidar sus vínculos con el gobierno libertario, tomando distancia de intereses partidarios.
Precisamente en la sesión de minoría que se realizó tras fracasar la sesión especial convocada para rechazar el DNU que está usando el ministro de Economía, Luis Caputo, para cambiar las condiciones permitidas en las renegociaciones de la deuda- desde la oposición se advirtió que el gobierno de La Libertad Avanza no cumple los convenios que firma con las provincias. Y eso los gobernadores lo saben, como se ha escuchado reconocer a los ministros de Economía y de Infraestructura de Salta.
Ese frente de negociación, de todas maneras, no se ha cerrado y precisamente ayer estuvo muy activo, porque hay un grupo de gobernadores que insiste en que se devuelvan a la masa coparticipable recursos pendientes de remisión por parte de la Nación, como los correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional o a la compensación del Pacto Fiscal de 2017. Salta, por su parte, reclama acreencias por 300 mil millones de pesos, cifra que incluye acuerdos incumplidos de obras de agua y saneamiento.
Precisamente, los titulares de las carteras de Economía de todo el país van a repasar distintas cuestiones sobre las que tienen una intervención protagónica. Uno de ellos es el el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el estado nacional y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas.
En su disertación de este miércoles en el Senado de la Nación, el jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a esa propuesta, de adhesión voluntaria, como un rescate federal para contribuir a ordenar la administración financiera de las provincias, cuando en realidad, estas son víctimas de malos manejos nacionales. Cerca de una decena de estados ya han expresado su adscripción porque, como Salta, va a buscar que la Nación cumpla con sus obligaciones pendientes. Ante esa respuesta, el gobierno de Javier Milei salió a ofrecer miles de activos como compensación. Luego de consolidar los créditos y las acreencias pretende transferir tramos de corredores viales, inmuebles, concesiones, participaciones accionarias y hasta el puerto de Buenos Aires.
La cumbre de Ministros de Economía ha sido convocada para mañana y Salta es su escenario. Es el momento de empezar la discusión que permita rediseñar el federalismo, para que las provincias sean reconocidas como lo que son: entidades fundantes de la Nación.
Salta, 27 de noviembre de 2024
