Negacionismo

La semana pasada, empezó a funcionar en forma efectiva el anuncio del gobierno nacional respecto a la alineamiento automático que deben tener diversos organismos del Estado a las idea políticas del presidente de turno, profundizando la ruptura de una sana tradición de respeto a políticas de Estado en las relaciones exteriores de Argentina, más allá de los cambios de gobierno que hubiere.

Las instrucciones del nuevo canciller ya se hicieron notar en la primera votación ante la Asamblea General de la ONU, en la que Argentina fue el único de los 168 países participantes en votar en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La iniciativa rechazada por nuestro país tiene por objeto la protección de los derechos de comunidades originarias en cuestiones como justicia, medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas.

La Declaración hace foco en el derecho de los pueblos indígenas a conservar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales y su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, y de garantizar su derecho a participar en la adopción de decisiones sobre asuntos que afecten a sus derechos, con arreglo a la legislación”, dice textualmente el documento que nuestra representación en Naciones Unidas voto en forma negativa.

El documento plantea también la preocupación “por el aumento de la discriminación, el discurso de odio, la estigmatización, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia”, condenando  “amenazas, hostigamiento, represalias y asesinato de miembros de los Pueblos Indígenas, en particular mujeres y niñas, y personas con discapacidad, a menudo con impunidad, así como de invasiones de tierras, desalojos forzosos arbitrarios y otras prácticas abusivas”.

Tal como me vienen escuchando comentar hace ya tiempo, de poco sirven los esfuerzos de las provincias, como la nuestra, que durante mi gestión reconoció y transfirió 400 mil hectáreas a 75 comunidades de pueblos originarios, ni las miles de viviendas, ni las obras de infraestructura social destinadas a las comunidades, si desde el gobierno nacional se niegan y avasallan los derechos constitucionales que amparan a las comunidades originarias. 

En la misma semana, Argentina retiró la delegación que estaba participando de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024, llamada COP29.

La Conferencia plantea, entre otros temas, que “los países presenten sus planes nacionales de acción climática actualizados bajo el Acuerdo de París, los cuales deben entregarse a principios de 2025″. 

 Estos planes nacionales tienen por objeto limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La actitud del gobierno argentino contradice lo planteado en la conferencia anterior, en la que nuestra representante dijo que iba a “traer tranquilidad a las Naciones Unidas y a otros países que Argentina va a seguir comprometida con el Acuerdo de París y va a cumplir sus obligaciones climáticas.” Recordemos que esa funcionaria fue desplazada de su cargo por contradecir la posición planteada por el presidente de la Nación que dijo que todas las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y solo buscan recaudar fondos para financiar a vagos socialistas que escriben papers de cuarta”

 Argentina debe retomar políticas de Estado. No alcanza con lo que podamos hacer por la sustentabilidad ambiental desde las provincias, como en el caso de Salta, que entre el 2007 y el 2019 sumo, como áreas protegidas, 1.648.000 hectáreas, llevando a más de 4 millones la superficie protegida en la provincia. 

Tal como lo prescribe la Constitución corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas. Cada una de las jurisdicciones debe hacerse cargo de su responsabilidad.

 Como si esto fuera poco, para terminar una semana increíble, el gobierno votó nuevamente en contra de la posición de todos los países del mundo, en Naciones Unidas. Esta vez, lo hizo contra una resolución de la Asamblea General que promueve la "intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia digital contra las mujeres y las niñas".  

Esta disparatada actitud no puede generar otra cosa que no sea el absoluto repudio y la vergüenza de que tales decisiones se hagan en nombre de un pueblo argentino que sufre ese flagelo.