Por "irregularidades", el Gobierno suspendió a más de 8 mil cooperativas

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), finalizó una extensa auditoría sobre las cooperativas y mutuales. El relevamiento arrojó datos “sorprendentes”, según el adjetivo utilizado por un integrante de la Casa Rosada. Derivó, por ejemplo, en el retiro de la autorización para funcionar a 8.588 cooperativas y 673 mutuales. También se encuentran en proceso de suspensión operativa y sumarios otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales. Estas organizaciones no solo deben presentar la documentación requerida, como los registros de asambleas, cambios de autoridades y rendición de cuentas de los subsidios que recibieron por parte del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, sino que también corren el riesgo de perder definitivamente su autorización.

Las cooperativas y organizaciones civiles fueron las grandes beneficiadas entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2023, es decir, hasta la llegada al poder de La Libertad Avanza. Durante este período, recibieron de la administración Fernández $29.966.430.7266.000 de pesos. De ese total, $18.391.880.742 fueron otorgados a través de la Secretaría de Economía Popular, que conducía Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita. Los $11.574.549.984 del INAES. Las principales beneficiarias fueron cooperativas y entidades civiles vinculadas a organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie.

Además, cada una de estas organizaciones tenía dirigentes que ocupaban cargos clave en el ex Ministerio de Desarrollo Social, el cual era responsable de derivar esos fondos a las entidades ligadas al kirchnerismo a través de tres programas: Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar. Solo ocho cooperativas, asociaciones y una federación de cooperativas de trabajo vinculadas a los movimientos que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista, recibieron alrededor de $5 mil millones.

Hallazgos “sorprendentes”

La auditoría del INAES, a cargo de Marcelo Collomb, detectó un “sorprendente crecimiento del 139% en el padrón de cooperativas en apenas cuatro años”, un hecho que puso en alerta al instituto. La cantidad de cooperativas registradas pasó de 9.978 en 2019 a 23.836 en 2023. A simple vista, esto parecía un signo positivo. Sin embargo, la magnitud de este aumento —dominado casi por completo por cooperativas de trabajo, que representaron el 97% del crecimiento— desató una serie de investigaciones que revelaron un laberinto de irregularidades. Estas irregularidades no solo cuestionaron la legitimidad de muchas de estas organizaciones, sino que también llevaron al INAES a tomar medidas drásticas para reordenar el sector cooperativo y del mutualismo.

Suspensiones y sumario

Según la documentación oficial a la que accedió este medio, antes de que el Frente de Todos dejara el poder, el 10 de diciembre de 2023, se inscribieron cientos de cooperativas, algunas de las cuales fueron beneficiadas con contratos y convenios desde la ex cartera de Desarrollo Social. El relevamiento del INAES determinó que “para las entidades inscriptas en 2023, y considerando que no se había vencido el plazo para la presentación de la documentación de sus asambleas y balance, se procedió a realizar relevamientos de todas ellas. Más de la mitad no pudieron ser realizados por no encontrar a las entidades o por falta de respuesta de estas”, hechos que, según explicaron los funcionarios a Infobae, “va a derivar en la suspensión de dichas entidades y la apertura de los correspondientes sumarios”.

Por otra parte, los relevamientos revelaron “la existencia de personas asociadas a cinco o más cooperativas de trabajo (el caso más extremo es de 14)”, una situación descrita como “por demás irregular, ya que se supone que ser parte de una cooperativa de trabajo implica que los asociados aportan su fuerza de trabajo a la entidad para prestar los servicios y/o producir los bienes que hacen a su objeto social. Esto se torna imposible formando parte de tantas entidades, en varios casos con objetos sociales distintos y lugares de radicación distantes”.

El INAES también apuntó a las entidades vigentes que estaban registradas hasta 2022 y que no habían presentado la documentación obligatoria desde 2017, o desde su creación si esta fue posterior a esa fecha. Para estas entidades, el instituto emitió una intimación clara: debían regularizar su situación o enfrentar consecuencias legales.

Hasta el momento, se encuentran en proceso de suspensión operativa y sumarios un total de 7.887 cooperativas y 418 mutuales. Estas organizaciones no solo deben presentar la documentación requerida, sino que también corren el riesgo de perder definitivamente su autorización si no cumplen con los requisitos establecidos.

“Para todas aquellas entidades que no regularicen su situación en el correspondiente sumario, se procederá con el retiro de la autorización para funcionar”, advirtió el INAES.

Desde el INAES se observó que “el proceso de reordenamiento en cooperativas y mutuales no solo busca depurar un registro que, por años, se infló sin control, sino también restablecer la confianza en un sector que es fundamental para la economía social del país”. Los funcionarios consultados también destacaron que “el plan de acción del INAES continúa con el objetivo de recuperar la legalidad y transparencia en un sector que operó en la oscuridad y sin control”.

Con información de Infobae