La presidenta de la Corte de Justicia de Salta se pronunció sobre la iniciativa. En tal sentido, subrayó la importancia de la adaptación de la justicia salteña a las demandas de la gente.
Judiciales04/11/2024
Ivana Chañi
Este lunes la Legislatura de Salta recibió a miembros de la Corte de Justicia, el procurador general, Pedro García Castiella, y el defensor oficial de la provincia, Martín Diez Villa, en el marco del proyecto de ley del Juicio por Jurados enviado por el gobernador Gustavo Sáenz.
Por Aries, la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, brindó su perspectiva sobre el proyecto de ley de juicio por jurados que se presentó en la legislatura provincial. La iniciativa, enviada por el gobernador, busca involucrar al ciudadano en el proceso judicial. “Es importante que la gente, el pueblo, se involucre y participe de lo que es la justicia”, señaló Ovejero, destacando que este sistema ofrece una visión participativa de los juicios, similar a la que suele representarse en las películas.
Según Ovejero, el juicio por jurados no solo permite a los ciudadanos declarar la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino que también contribuye a reforzar la percepción de justicia y transparencia. “La sociedad demanda mucho de la justicia y la justicia tiene que dar pasos que garanticen a la sociedad que realmente está en un estado de derecho”, explicó. La implementación de este sistema, según la presidenta, responde a una necesidad actual de la sociedad más que a una deficiencia de los procesos judiciales previos.
Ovejero mencionó que Salta se basará en experiencias de otras provincias y países que ya han adoptado el juicio por jurados. Sin embargo, anticipó que habrá desafíos técnicos que deberán abordarse. “Tal vez el ver cómo se implementaría… cuestiones técnicas que se van a tener que implementar desde la justicia seguramente”, dijo, abriendo la puerta a futuros diálogos y ajustes en el proceso de adopción.
La presidenta de la Corte también destacó que la medida está en sintonía con los cambios sociales y la demanda de una justicia más cercana y comprensible para la población. A la pregunta si algo falló en l justicia salteña para proponer este cambio, Ovejero fue contundente: “No es consecuencia de una falla, es la respuesta a un momento actual y no a una falla anterior”, defendió.
Además, la Jueza rechazó el pedido de la víctima de 10 millones de pesos en concepto de indemnización por el daño sufrido y dictaminó que el condenado abone una cifra inferior.
Los acusados son Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo como coautoras de administración fraudulenta y estafas reiteradas (29 hechos); Raúl Argañaraz y Nicolás Zissi como partícipes necesarios.
Si bien fue encontrado culpable de los delitos de daño agravado y crueldad animal, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut le aplicó una pena de tres años de ejecución condicional.
Un día después de que la legislatura avanzara con la intervención por el escandaloso robo y contrabando de rieles, el Intendente de Morillo irá a juicio por peculado.
Carlos Enzo Cuellar afirmó haber visto a la joven en la gruta de la Difunta Correa pero las líneas telefónicas registraron actividad en otro lugar. Durante la audiencia, se negó a declarar.
El Ministerio Público estableció las fechas y horarios estableciendo turnos y organización para las diferentes áreas judiciales.
Los ediles dieron visto bueno al convenio celebrado entre la Municipalidad y las firmas La Lucinda S.A. y Santa María del Carmen S.A. Se trata de 868 hectáreas que serán destinadas a parques naturales, desarrollos inmobiliarios y una playa de transferencia.
El mandatario consideró que “el que tiene plata tiene que pagar por la internación” y los que no, podrían realizar trabajo comunitario en lugares como centros de salud o escuelas. "A ustedes, ¿Qué les parece?", preguntó en sus redes sociales.
El Ministro de Turismo consideró que el gobierno nacional – a la hora de aplicar sus medidas – debe mirar para adentro y permitir a los emprendedores argentinos ganar competitividad.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
