La presidenta de la Corte de Justicia de Salta se pronunció sobre la iniciativa. En tal sentido, subrayó la importancia de la adaptación de la justicia salteña a las demandas de la gente.
Judiciales04/11/2024
Ivana Chañi
Este lunes la Legislatura de Salta recibió a miembros de la Corte de Justicia, el procurador general, Pedro García Castiella, y el defensor oficial de la provincia, Martín Diez Villa, en el marco del proyecto de ley del Juicio por Jurados enviado por el gobernador Gustavo Sáenz.
Por Aries, la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, brindó su perspectiva sobre el proyecto de ley de juicio por jurados que se presentó en la legislatura provincial. La iniciativa, enviada por el gobernador, busca involucrar al ciudadano en el proceso judicial. “Es importante que la gente, el pueblo, se involucre y participe de lo que es la justicia”, señaló Ovejero, destacando que este sistema ofrece una visión participativa de los juicios, similar a la que suele representarse en las películas.
Según Ovejero, el juicio por jurados no solo permite a los ciudadanos declarar la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino que también contribuye a reforzar la percepción de justicia y transparencia. “La sociedad demanda mucho de la justicia y la justicia tiene que dar pasos que garanticen a la sociedad que realmente está en un estado de derecho”, explicó. La implementación de este sistema, según la presidenta, responde a una necesidad actual de la sociedad más que a una deficiencia de los procesos judiciales previos.
Ovejero mencionó que Salta se basará en experiencias de otras provincias y países que ya han adoptado el juicio por jurados. Sin embargo, anticipó que habrá desafíos técnicos que deberán abordarse. “Tal vez el ver cómo se implementaría… cuestiones técnicas que se van a tener que implementar desde la justicia seguramente”, dijo, abriendo la puerta a futuros diálogos y ajustes en el proceso de adopción.
La presidenta de la Corte también destacó que la medida está en sintonía con los cambios sociales y la demanda de una justicia más cercana y comprensible para la población. A la pregunta si algo falló en l justicia salteña para proponer este cambio, Ovejero fue contundente: “No es consecuencia de una falla, es la respuesta a un momento actual y no a una falla anterior”, defendió.
La normativa había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y Milei la vetó. Sin embargo, Diputados y Senadores insistieron con el proyecto y revirtieron el veto presidencial, por lo que el Ejecutivo tiene que implementarla y girar las partidas presupuestarias.
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El defensor Marcelo Arancibia señaló en Aries que fueron otros internos quienes alertaron sobre la situación y reclamó claridad al Ministerio Público Fiscal.
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