
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (radicales) firmaron el dictamen de mayoría. La UCR y la Coalición Cívica presentaron sus propias iniciativas. El Gobierno ya adelantó que lo vetará si es aprobado.
Política30/10/2024La oposición logró avanzar este miércoles con el dictamen del proyecto para limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa consensuada entre Unión por la Patria, Democracia para siempre (radicales) y Encuentro Federal propone dos cambios fundamentales a la Ley 26.122, que regula las situaciones en que el Congreso puede dejar sin efecto un DNU.
Las negociaciones giraban en torno a dos puntos fundamentales porque los bloques habían llegado a un acuerdo previo: la única forma de alcanzar una mayoría en el plenario sería un texto “minimalista”. Por eso, el artículo 1 del proyecto determina que cualquier decreto pierde vigencia si no es ratificado por ambas Cámaras en un plazo de 90 días corridos contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Por otro lado, el mismo artículo establece que las dos Cámaras deben ratificar un decreto para que quede firme. Es decir, el rechazo de la Cámara de Diputados o del Senado, por separado, sería suficiente para voltear un decreto. Por ejemplo, el mega DNU 70 habría quedado sin efecto con el rechazo del Senado. En cambio, en la actualidad se mantiene vigente porque Diputados todavía no lo trató a pesar de que ya pasaron diez meses.
Los DNU están contemplados en la Constitución Nacional (artículo 99) y el Presidente solo puede utilizarlos bajo una premisa: que existan “circunstancias excepcionales” que hicieran imposible “seguir los trámites ordinarios”. De ahí el nombre: decretos de “necesidad y urgencia”. No obstante, este criterio pocas veces se cumple y los gobiernos utilizan los decretos para avanzar con iniciativas que no reúnen consenso opositor. Por ejemplo, el DNU 656 que otorgaba $100 mil millones en gastos reservados a la SIDE.
La decisión de Casación ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando el índice de precios al consumidor (IPC) como criterio.
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