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El registro de homicidios escala visiblemente y las estadísticas demuestran que no solo es una sensación. El propio Ministro de Seguridad de la Provincia ha expuesto datos que dan cuenta de ese crecimiento al señalar que hay cifras alarmantes sobre el aumento de homicidios en la provincia. Hasta el 2 de octubre, en lo que va del año se han registrado 48 homicidios, “un 10% más que en el mismo periodo de 2023", destacó. Además, el mapa de delitos marca un punto de conflictividad que también informa de una situación que debe alertar a la sociedad. Es que el 37% de estos homicidios ocurrieron en el departamento de Orán, que el crimen organizado ha tomado como escenario propicio al ser la puerta de entrada del narcotráfico.

Esa situación es un objetivo cuya tratamiento se comparte con la Nación pero se suma a un cuadro propio que el funcionario ha sintetizado en la apreciación de que la violencia en la comisión de delitos ha aumentado pero también las reacciones violentas de la sociedad. Es una preocupación fundada en hechos que se están multiplicando, cuya difusión se ve favorecida por los recursos tecnológicos que la población tiene a mano.

Un caso emblemático es lo sucedido en barrio San Justo, de la capital salteña, donde una banda ingresó a robar aprovechando la ausencia de sus moradores en el domicilio y se llevó un interesante botín. El propietario comunicó el delito a la Policía y buscó a sus autores; capturó a dos de ellos y los mantuvo atados a un poste hasta que llegó el personal de seguridad. Un video se viralizó y la crónica policial en distintos medios digitales le dio la difusión como un caso de Justicia por mano propia.

El impacto de lo acontecido describió el ánimo de una sociedad que se reconoce vulnerable por la deficiente respuesta de las instituciones responsables de su seguridad. A través de las redes sociales y en los foros que se habilitan en las páginas de internet se manifestaron opiniones negativas por la escasa eficacia de la acción policial, que hasta desalienta las denuncias. También la Justicia fue objeto de duras críticas porque no investiga ni sanciona a delincuentes que se ven habilitados a reincidir en sus delitos.

En la mirada del ministro Marcelo Domínguez el problema no se circunscribe a los robos o violaciones de la propiedad privada. Es un cuadro complejo que se caracteriza por un clima de exasperación social, agravado por la falta de desarrollo económico y el desempleo. Su sentencia es polémica, en el mejor de los casos; el funcionario aseguró  que, sin progreso económico, es inevitable que los índices de inseguridad sigan en aumento.

Reconoció el hartazgo de la gente y la vinculó a que la pobreza ha aumentado más del 40%, lo que genera una presión social que se refleja en las reacciones violentas. Dicho esto por el miembro de un gobierno puesto a dar soluciones, muestra que no se advierte que a esa presión concurre un Estado ausente o, al menos, ineficaz a la hora de resolver una problemática que va tornándose peligrosa para la convivencia social.

Más recursos humanos, financieros o tecnológicos no parecieran ser la solución. Hacen falta políticas integrales acertadas, dejando de lado las insuficientes respuestas focalizadas.

Salta, 22 de octubre de 2024