Se profundizan las críticas al polémico decreto que impone limitaciones al acceso a la información pública. Con excepción del oficialismo, todos los sectores políticos e instituciones que trabajan por la transparencia y el control público expresaron su rechazo.
Opinión05/09/2024
Esta semana se conoció el Decreto 780, que establece una serie de restricciones, mediante la reglamentación de 7 artículos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada hace 8 años, durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta 2016, ese derecho estaba protegido por un decreto dictado en diciembre de 2003 por el entonces presidente Néstor Kirchner; previo a esa norma no había ninguna que contemplara los mecanismos que permitan a la sociedad tener flanqueado el acceso a datos esenciales de manejo de la cosa pública.
El cuestionado decreto redefinió terminología y conceptos, alterando el alcance del libre acceso. Es así que estableció que no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada “que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido". En otro de sus artículos, dispone que "la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá en consideración, a los efectos de la elaboración de estadísticas, aquellas solicitudes reiterativas que generen un dispendio innecesario de actividad administrativa por parte de los sujetos obligados, o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes".
La presentación del primer informe de gestión del Jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados permitió que todos los bloques, con excepción de La Libertad Avanza, protestaran ante Guillermo Francos y exigieran la derogación. Ante lo que el gobierno de Javier Milei considera un abuso, hubo consideraciones severas de los legisladores, que dejaron en claro que el derecho a la información es esencial y que en ningún caso puede el Estado indicar qué y cuánto puede requerir un ciudadano.
Se le señaló al funcionario libertario que lo que se pretendía restringir es un derecho esencial en cualquier democracia, que no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado. Consecuentemente, la intención contenida en el Decreto 780 representa un retroceso en términos de transparencia y control público.
En esa línea también se colocó un pronunciamiento de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que expresó su categórico rechazo por el sentido claramente restrictivo de la norma. Cuestionó la inclusión de nuevos requisitos para la presentación de pedidos por parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, obstaculizando el uso de la herramienta y acotando de manera grosera los datos que están obligadas a suministrar las personas en ejercicio de funciones públicas, desvirtuando el sentido de la Ley vigente y los estándares internacionales que plantean como principio la máxima divulgación.
La negativa de una intención de ocultamiento que expresó el empinado funcionario nacional ante los diputados nacionales y el compromiso de modificaciones en la norma no fueron convincentes ya que Guillermo Francos cargó sobre la falta de buena fe de quienes suelen recurrir a ese mecanismo, cuya existencia está plenamente justificada.
Tras el descargo, quedó la sensación que no hay cambios de fondo en algunos aspectos de las prácticas de la política. Los gobernantes siempre prefieren eludir el control ciudadano.
Salta, 05 de setiembre de 2024
Para una provincia que lleva más de medio siglo trabajando en una integración regional con sus vecinos de esta parte del continente, este sábado será un día de grandes expectativas. En Asunción del Paraguay se firmará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, conformando un mercado de más de 700 millones de consumidores.
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
Martín Ignacio Plaza es el postulante a la Corte de Justicia de Salta. Abogado con más de 30 años de trayectoria, combina carrera académica y gestión pública.
Jorge Martín Diez Villa es postulante a juez de la Corte salteña. Abogado y escribano, con amplia trayectoria en la Justicia, el Ministerio Público y el control institucional.
“Seguimos posicionando a Salta como sede del deporte nacional, con eventos que generan turismo, actividad económica y más oportunidades para los salteños”, tuiteó el gobernador Gustavo Sáenz.
La justicia federal investiga una presunta red internacional de intermediarios que habría canalizado más de US$ 300 millones de la AFA fuera del circuito legal argentino entre 2021 y 2025.
El reconocido coplero y bagualero falleció este jueves a los 86 años. Referente indiscutido de la cultura popular del norte argentino, dedicó su vida a preservar las tradiciones ancestrales y a fortalecer la identidad de los pueblos vallistos y puneños.