Defensa

En ese marco cobra relevancia el anuncio realizado por el gobernador Gustavo Sáenz respecto de la remisión a la Legislatura del proyecto de ley de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En esa iniciativa se han centrado grandes expectativas atento a que hay importante proyectos mineros en Salta en los que podrían aplicarse los beneficios del RIGI, aún cuando no está claro cómo funcionará porque el gobierno nacional no lo ha reglamentado. Con mucho optimismo, el mandatario explicó que se pretende atraer la mayor cantidad de inversiones, a través de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, “que generarán crecimiento genuino, trabajo y desarrollo”.

El tema fue expuesto durante la visita del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien recogió de la Mesa Empresarial y Productiva las aspiraciones del sector económico provincial y expuso ante casi medio centenar de participantes su evaluación del actual momento de la gestión libertaria, que mantiene como objetivos innegociables para la administración: la emisión monetaria, el déficit cero y el superávit fiscal.

Sus interlocutores tuvieron la oportunidad de exponer la necesidad de la industrialización de los productos regionales, fomentando la agroindustria mediante incentivos adecuados para llevar adelante este crecimiento. Pidieron un régimen similar al RIGI para inversiones entre los 10 millones de dólares y los 200 millones de dólares y la reimplantación del Decreto 814 que permitía computar como crédito fiscal del IVA un porcentaje de las contribuciones patronales efectivamente abonadas.

Del funcionario nacional obtuvieron un reconocimiento respecto del esfuerzo para cumplir con un esquema impositivo desmesurado, que lleva a que se pague doble IVA, impuesto al cheque, ingresos brutos y  retenciones a la exportación. Sin embargo, explicó que no se va a reducir esa carga hasta no tener superávit. Eso sí, ofreció garantías del gobierno de que se va a alcanzar ese objetivo.

Puede considerarse un avance la reglamentación de parte de la Ley de Bases que se conoció este lunes, que incluye todo lo referido a la a Reforma del Estado y los cambios en los procedimientos administrativos, como así también los vinculados a la autorización al Estado para la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo público. Son medidas que pretenden reducir el peso de la burocracia, disponiendo la eliminación de organismos con la reducción de la planta de personal consecuente. Se hará a través de fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias que así lo demanden, de organismos que dependan de la administración central o entes descentralizados.

Resulta inquietante para las administraciones provinciales la liquidación o disolución de fondos fiduciarios, que financiaban programas que ejecutaban los subestados, consolidando la reducción en la remisión de recursos. Precisamente este fin de semana se conoció un informe que da cuenta que en julio, por primera vez en el año, el Gobierno nacional no envió Aporte del Tesoro Nacional a ninguna provincia. La consultora Politikon Chaco,  en base a datos oficiales, también destacó que en los siete meses transcurridos del año, el Ejecutivo nacional solo ha mandado el 7,5% del fondo que se constituye con el 1% de la masa coparticipable. Su disponibilidad, en cambio, es una facultad discrecional del gobierno central.

En poco más de un mes se debe girar al Parlamento el proyecto de presupuesto 2025. Será revelador del destino que dará Javier Milei a recursos que acompañaban políticas de los gobiernos provinciales, con obras, ATN o subsidios. La defensa del federalismo se dará en el Congreso.

Salta, 05 de agosto de 2024