Mientras el Ejecutivo nacional parece centrado en reformas de carácter económico, se han puesto en marcha otras de distinta naturaleza pero que también prometen generar un profundo debate de carácter social.
Opinión01/08/2024
Este miércoles, en la Cámara de Diputados se inició el tratamiento del proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad.
Algunos sectores se han adelantado a sentar posición aunque debe reconocerse que en las últimas décadas hubo intentos por modificar ese límite, vigente desde 1980, por imperio de la ley 22.278 que establece el actual Régimen Penal de la Minoridad. En principio, debe adecuarse a la Constitución Nacional que fuera reformada en 1994 y a la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal. De todas maneras, no menos cierto es que fue el ministerio que conduce Patricia Bullrich, el que promovió el proyecto que se trata en el Congreso, como respuesta a una demanda social imperiosa de seguridad.
El primer capítulo de una discusión que se extenderá hasta avanzado el mes de agosto se dio en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, de Familias y de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja nacional. La reunión fue informativa y sirvió para que funcionarios del Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal describieran la situación que preocupa a la gestión libertaria. En las dos próximas semanas lo harán legisladores que también presentaron proyectos de modificación de la ley penal juvenil y especialistas en el tema.
Se parte de considerar que la Argentina y Cuba son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal; contrariamente, muchos otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes. Para citar algunos ejemplos, se mencionó que Chile, Colombia y Perú han fijado la edad en 14 años; Uruguay en 13; Brasil y los Estados Unidos en 12 y Trinidad y Tobago en siete. Otros datos puestos en consideración son elaborados en el ámbito de la Corte de Justicia de la Nación que demuestran que en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes.
Al margen del ámbito parlamentario,las cifras tienen una lectura diferente por parte de Eugenia Hernández Berni, Asesora de Incapaces en el Distrito Judicial del Centro de la Provincia de Salta. Destacó que la Corte Suprema constató que en un año se cometieron alrededor de 700 delitos por menores de edad, una cifra que corresponde al número de delitos cometidos por adultos en un día. "La inseguridad no viene del 1% de delitos cometidos por menores de edad, viene del otro 99%", fue su conclusión.
Desde su función ha observado también que la mayoría de los delitos cometidos por menores son leves, como hurtos, para los que la pena no excede los tres años. Los delitos graves, como robos a mano armada, abuso sexual y homicidios, representan un índice mínimo y los menores que los cometen quedan en centros de jóvenes en conflicto con la ley penal, donde reciben tratamientos psicológicos y psiquiátricos.
Todo indica que ha comenzado otro debate del que la sociedad participará de manera directa o a través de sus representaciones institucionales. Los promotores de la reforma, que pretende llevar la edad de imputabilidad a los 13 años, cuestionan que los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes.
Se debe cuidar que la decisión que se adopte no quede en el plano punitivo sino que apunte a lograr una solución integral que ofrezca al adolescente un futuro que pueda vivir en plenitud.
Salta, 01 de agosto de 2024.
Es imposible ocultar una verdad obvia; de allí que la sabiduría popular asegura que no se puede tapar el sol con un dedo. El gobierno de la Provincia ya no puede ocultar severas dificultades financieras que están en el origen de crecientes problemas de gestión.
Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Es un anuncio que realizó el presidente Javier Milei y que, en realidad, se asumió como promesa porque se formuló en una virtual campaña electoral. En tanto se van acumulando los Decretos de Necesidad y Urgencia sin que el Congreso los trate conforme exige la naturaleza excepcional de estas medidas.
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
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