El Gobierno declaró a Hamas como una organización terrorista

El Gobierno incluyó al grupo palestino Hamas en la lista de organizaciones terroristas, lo que obliga a empresas que tengan negocios con personas relacionadas a reportarlos ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

La medida se conoció en momentos en que el presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos y es parte del alineamiento con Israel en el conflicto de Medio Oriente. Además, se concreta próximo a cumplirse 30 años del atentado a la AMIA, en 1994.

Hamas es un grupo islamista palestino, que se autodenomina de resistencia y es considerado terrorista por Estados Unidos y otros países, que surgió en los años 80 y gobierna el enclave de la Franja de Gaza desde 2007. A diferencia de otros grupos palestinos, niega el derecho a existir de Israel y quiere crear un Estado palestino fundamentelista regido por la ley islámica. A su brazo militar se lo conoce como Brigadas Qassam.

Hamas se presenta como una alternativa radical a la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania y mantiene un diálogo con el Estado de Israel. Perpetró múltiples ataques terroristas contra Israel, el más sangriento de ellos el 7 de octubre pasado, que desató la actual guerra de Gaza. Entre otros patrocinadores, recibe financiamiento de Irán.

La declaración de la Argentina se da cuando el país está siendo evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evitar caer en la lista gris de países favorables al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El Registro de Personas y Entidades vinculadas al financiamiento del terrorismo (Repet) se encuentra en jurisdicción del Ministerio de Justicia y su objetivo es frenar la captación de fondos destinados a las organizaciones que constituyen amenazas a la paz y a la seguridad.

El gobierno argentino considera que si bien el objetivo principal de los grupos terroristas no es económico, detrás de toda acción de violencia extrema existe una red de financiamiento que le da sustento.

El Repet incluye a personas humanas, jurídicas o entidades sobre las que haya recaído una resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal que le impute la formalización de una investigación por la comisión de un acto terrorista o por su financiamiento. Y, también, a las que se encuentren incluidas en listas elaboradas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las cuales la UIF haya ordenado el congelamiento administrativo de sus activos.