Ficha Limpia: Castiella instó a ampliar a nivel nacional la inhabilitación a cargos públicos por delitos de narcotráfico

El proyecto impulsa la modificación de la Ley provincial Nº 8.275 para prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes o lavado de dinero puedan ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales. Tiene media sanción de Diputados.

Política 05/06/2024

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Para ultimar el análisis del Proyecto por el cual se impulsa modificar el artículo 1° de la Ley 8.275 denominada de “Ficha Limpia”, senadores recibieron este miércoles al Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella. 

La iniciativa llega con la aprobación de la Cámara de Diputados y propone el agregado de un ítem al artículo 1° de la Ley ya vigente, por el cual no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia por el plazo que dure la condena, computado a partir del momento en que el Tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria por los delitos de Tráfico de Estupefacientes previstos en la Ley 23.737. Aclara además que en el caso de los condenados que no hubiesen recurrido la sentencia condenatoria, el plazo se computará a partir del dictado de dicho fallo.

Al respecto, García Castiella consideró necesaria la modificación de la Ley de Ficha Limpia agregando entre las causales de inhabilitación para presentarse como candidatos a cargos públicos, tanto provinciales como municipales, a quienes resulten condenados por delitos de narcotráfico o lavado de dinero.

“Además de esta incorporación de esta categoría de delitos, lo interesante del proyecto es que el cómputo se parta con el cómputo de esta imposibilidad recién cuando la sentencia esté firme, porque si está como es hoy, que se computa la sentencia desde la fecha de comisión del delito, se torna prácticamente inaplicable porque ese tiempo se consume hasta que ha llegado la segunda instancia, la confirmación”, expresó.

El Procurador sostuvo que el narcotráfico busca infiltrarse en todos los ámbitos de la vida social y resulta necesario fortalecer la integridad del sistema democrático, señalando que “nadie va a venir a hacer las cosas por nosotros”.

“Es una necesidad de nuestra sociedad y sería muy interesante que en el orden nacional, ya que hay tantas ideas y tantas iniciativas legislativas para una gran diversidad de situaciones, este flagelo del narcotráfico, que en sus estadios de avance pretende infiltrar a los estados y a las fuerzas de seguridad, también se incorpora en la Ley 23.737 una inhabilitación, además de la pena por el delito de narcotráfico, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Nadie hasta este momento la ha planteado en el Congreso”, expresó.

Opinó que el mapa del delito cambió en Argentina y de ser un país de paso hace 15 o 20 años hoy ofrece una realidad muy diferente, donde casi todo delito está vinculado con el consumo de drogas y las adicciones.

Por su parte, el senador Mónico explicó que la modificación propuesta establece que, además de no poder ser candidatos a cargos electivos las personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes, tal prohibición será por el plazo que dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración, computado a partir del momento en que el tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria.

Ello en razón de evitar que un candidato que pueda ser potencialmente inhabilitado, vulnere los plazos judiciales que corren entre el primer fallo y la sentencia confirmatoria.

Mónico dijo que existe amplio consenso entre sus pares para avanzar con la reforma de la Ley propuesta por el Ministerio Publico.

Del encuentro ampliado, encabezado por el presidente de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, Javier Mónico, participaron los legisladores, Mashur Lapad, Jorge Soto, Walter Wayar, Leopoldo Salva, Héctor Calabró, Diego Cari, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Walter Cruz, Dani Nolasco y Luis Altamirano. Por el MPF asistieron también el secretario de Política Criminal, Gaspar Solá Usandivaras y el Coordinador Gral de Fiscales, Pablo Rivero.

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