En su última operación de tráfico, el acusado estuvo al frente de un transporte de 181 kilos de cocaína, por el que fue condenado a seis años y medio de cárcel. Para realizar las transacciones por celular, utilizaban un mástil con un balde para capar señal de wifi.
Judiciales 27/05/2024
El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por la jueza Marta Lilina Snopek (presidenta), Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almáraz, condenó el 16 de mayo pasado a Héctor Daniel Pereyra a una pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Pereyra fue juzgado por comandar un transporte de 181 kilos de cocaína, el que fue descubierto el 12 de septiembre del año pasado en la ruta 53, a la altura del paraje Corral Quemado, a pocos kilómetros de la localidad de Padre Lozano, ubicada entre Embarcación y Hickman, en el departamento General San Martín.
La droga fue hallada en un doble fondo de una camioneta Mitsubishi, la que fue abandonada volcada. El rodado era conducido por Echazú y otro integrante de la organización, quienes se dirigían al cruce de Pichanal, paso previo a llegar a la capital salteña.
La hipótesis expuesta y acreditada en el juicio, indicaba que Pereyra obtenía la droga de Bolivia, previa negociaciones con proveedores en Salvador Mazza. Una vez que tenía el producto, lo trasladaba a Buenos Aires, para lo cual utilizaba distintos vehículos, tanto para la carga como para hacer de “coche puntero” y evitar así los controles de las fuerzas de seguridad.
Gracias a las tareas de campo e inteligencia, se pudo establecer luego que el acusado, aparentemente, se habría separado de otra banda que operaba en la región del litoral y decidió armar su propia organización delictiva, a la que sumó a su primo, su sobrino y otros dos cómplices más.
Apodado como “Nepo”, registraba dos domicilios. Uno, es un rancho ubicado en el puesto El Dichoso, en el paraje de Barrancas Coloradas, distante a unos 28 kilómetros al sur de la localidad de Alto La Sierra, en Santa Victoria Este.
Los gendarmes que investigaron el caso, explicaron que dado lo inhóspito de la zona, era muy difícil captar señal de wifi, por lo que habían construido el mástil de 10 metros de altura para enviar y recibir mensajes, usando un balde de metal atado a una soga. En su interior se depositaba el celular con el mensaje que querían mandar, luego lo izaban hasta la punta del mástil, esperaban unos minutos y lo arriaban, para así conocer la repuesta. Contrariamente a lo precario de este sistema, el acusado había implementado el uso obligatorio de dos aplicaciones (Wickr Me y Surepot) para enviar mensajes vinculados al tráfico de la droga, ya que dichas plataformas borran los mensajes una vez leídos.
Finalmente, se pudo reconstruir no sólo el derrotero de Pereyra respecto al transporte de los 181 kilos de droga, sino también de otros tres viajes más, los que tenían en común el mismo trayecto: desde el norte de Salta a Buenos Aires, lo que reforzó la hipótesis fiscal.
En los transportes, Pereyra solía hacer de “coche” puntero extra, lo que hacía con su camioneta Toyota Hilux. Los roles de transportista y barrido de la ruta, en tanto, se repartía entre su primo y su sobrino, siendo la Mitsubishi la más usada para el traslado de la carga, lo que, en definitiva, le jugó en contra.
La sentencia se suma a la de su primo, Damián Pereyra y su sobrino, Nicolás Echazú, condenados por el mismo delito a las penas de 6 y 4 años y 6 meses de prisión respectivamente, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado el 6 de este mes por el mismo tribunal de juicio.
El caso fue investigado y llevado a juicio por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, quien destacó la labor de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo, tanto en el ámbito investigativo como de litigación.
La denuncia fue presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuán por presunto encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso ocurrió el 3 de septiembre de 2022. La víctima, que también alegaba ser asesor político, recibió cinco disparos en la cabeza. Según la hipótesis fiscal, el homicidio respondió a desavenencias por un negocio de drogas con los tres acusados.
Oriundo de Cagliari, Italia, el acusado había llegado hasta Orán, donde recibió un bolso con prendas de vestir impregnadas con cocaína que debía trasladar hasta Europa.
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