El financiamiento de la educación universitaria se ha convertido en un problema de gestión pero, especialmente, está impactando en el laborioso entramado de relaciones políticas tejido en torno de las dos leyes que desvelan al Congreso.
Opinión 20/05/2024
Las universidades de la Región Norte Grande recibieron el apoyo de las autoridades de las 10 provincias que la integran y en Diputados de la Nación se ha pedido una sesión especial para este martes para tratar varios proyectos que se han presentado en ese ámbito. La centralidad que alcanzó el tema se vincula con la decisión de la Nación, a través del Ministerio de Capital Humano, de otorgar únicamente a la UBA una actualización del 270% para gastos de funcionamiento y del 300% para hospitales, dejando de lado al resto de las instituciones. La medida fue comunicada afirmando haber garantizado el financiamiento de las universidades públicas, cuestión que todas niegan y que llevó al radicalismo a pedir la sesión de la Cámara baja.
En su última reunión, la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande se solidarizó con las Universidades Nacionales por el trato que están recibiendo de parte de la Casa Rosada. En el cierre de la sesión del viernes en Tucumán se aprobó un pronunciamiento que realizaron las autoridades del cuerpo deliberativo regional dentro del marco del federalismo, sobre los recortes presupuestarios que sufrieron. Solicitaron al Poder Ejecutivo nacional que revea la distribución de los recursos financieros destinados por ley a las universidades de la región. En especial se criticó la discriminación de la que son objeto, atento al tratamiento centralista del gobierno de La Libertad Avanza.
Este pronunciamiento fue precedido por una reunión que los rectores de las universidades de la región mantuvieron con los referentes del Parlamento, quienes se ofrecieron para ser asesores permanentes del cuerpo. A través de su presidente, el vicegobernador de Santiago del Estero Carlos Silva Neder, se destacó la significación de este ofrecimiento porque va a dar herramientas como para ir mejorando el servicio que presta el grupo de trabajo que integran cien legisladores.
Al margen de las manifestaciones de apoyo -que se corresponden con el pronunciamiento social del 23 de abril pasado, cuando millones de argentinos en todo el territorio se expresaron en defensa de la educación pública, especialmente de la universidad- se trata de avanzar en medidas conducentes a garantizar la actualización de las partidas presupuestarias de todas las universidades del país.
La preocupación por el desfinanciamiento se profundizó luego del comunicado oficial que dio cuenta de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, que incluye un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, alcanzando un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. Los radicales negaron ese acompañamiento y pidieron la sesión especial, para exigir que el mismo criterio aplicado respecto de la Universidad Nacional de Buenos Aires sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios para asegurar el normal desarrollo de las actividades académicas. En el temario a tratar se incluyeron proyectos impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de Innovación Federal. Este último fue presentado por la salteña Pamela Caletti, acompañada por sus pares Pablo Outes y Yolanda Vega. Apunta a la protección del financiamiento educativo nacional a todas las Universidades Nacionales, mediante la actualización de las partidas presupuestarias tomando como base para dicha adecuación la inflación registrada desde enero pasado.
En el planteo de toda la oposición se destaca que el Gobierno no puede promover una nueva grieta en el país. “No puede haber discriminación”, es la consigna, que debe sostenerse en el marco de los acuerdos que se negocian para tener las leyes liminares de esta gestión.
Salta, 20 de mayo de 2024
Comenzó una nueva etapa del ajuste fiscal. Se aguarda un decreto que determinará la desaparición de unos sesenta de organismos públicos nacionales, mientras sigue la anulación de programas de distinta naturaleza. La provincia no es ajena porque muchos de ellos tienen su representación justificada en Salta.
En estas jornadas ha sonado la hora del campo. Se ha promocionado la próxima edición de la Expo Rural Salta y se expusieron desde las provincias las diversas situaciones que atraviesa la actividad agropecuaria y las expectativas en torno del negocio de los alimentos para el país.
Un fuerte sacudón tuvo la opinión pública internacional el sábado pasado, y seguramente será un día recordado especialmente tanto por los historiadores como por los analistas políticos.
Por lo menos cuatro proyectos de ley de reforma electoral se encuentran en proceso de análisis en el ámbito político. Dos han iniciado trámite parlamentario y los otros tienen un avanzado estado de elaboración.
Un frasco de vidrio. Un algodón húmedo. Papel secante y tres o cuatro porotos. La clase se convertía en un laboratorio en el que aprendíamos mucho más que ciencias naturales.
En Argentina, el déficit fiscal es malinterpretado como la causa principal de los problemas económicos, promoviendo ajustes extremos y estrategias de deuda cuestionables. Esta visión simplista ignora la complejidad real del panorama económico y la experiencia internacional. Es crucial buscar el equilibrio fiscal sin descuidar otros factores económicos fundamentales.
Con media sanción en Diputados se espera que el Senado avance en la ley que implementa acciones de visualización, concientización y prevención de la ludopatía a edades más tempranas.
Invitan salteños mayores de 18 años a realizar la formación de seis meses. “Es un tren que está pasando y quien no sepa se quedará en el andén”, expresó su director.
Luego que el Gobierno bolivariano le bajó el pulgar a Alberto Fernández como veedor internacional, Venezuela convocó a Roberto Baradel para que sea parte de la jornada electoral.
El sujeto pertenece a la Dirección General de Inspección de Personal. La denuncia policial fue radicada por la empresa Track Seguridad S.R.L.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar de la hermana de un militante, hecho ocurrido el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta.