El financiamiento de la educación universitaria se ha convertido en un problema de gestión pero, especialmente, está impactando en el laborioso entramado de relaciones políticas tejido en torno de las dos leyes que desvelan al Congreso.
Opinión20/05/2024
Las universidades de la Región Norte Grande recibieron el apoyo de las autoridades de las 10 provincias que la integran y en Diputados de la Nación se ha pedido una sesión especial para este martes para tratar varios proyectos que se han presentado en ese ámbito. La centralidad que alcanzó el tema se vincula con la decisión de la Nación, a través del Ministerio de Capital Humano, de otorgar únicamente a la UBA una actualización del 270% para gastos de funcionamiento y del 300% para hospitales, dejando de lado al resto de las instituciones. La medida fue comunicada afirmando haber garantizado el financiamiento de las universidades públicas, cuestión que todas niegan y que llevó al radicalismo a pedir la sesión de la Cámara baja.
En su última reunión, la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande se solidarizó con las Universidades Nacionales por el trato que están recibiendo de parte de la Casa Rosada. En el cierre de la sesión del viernes en Tucumán se aprobó un pronunciamiento que realizaron las autoridades del cuerpo deliberativo regional dentro del marco del federalismo, sobre los recortes presupuestarios que sufrieron. Solicitaron al Poder Ejecutivo nacional que revea la distribución de los recursos financieros destinados por ley a las universidades de la región. En especial se criticó la discriminación de la que son objeto, atento al tratamiento centralista del gobierno de La Libertad Avanza.
Este pronunciamiento fue precedido por una reunión que los rectores de las universidades de la región mantuvieron con los referentes del Parlamento, quienes se ofrecieron para ser asesores permanentes del cuerpo. A través de su presidente, el vicegobernador de Santiago del Estero Carlos Silva Neder, se destacó la significación de este ofrecimiento porque va a dar herramientas como para ir mejorando el servicio que presta el grupo de trabajo que integran cien legisladores.
Al margen de las manifestaciones de apoyo -que se corresponden con el pronunciamiento social del 23 de abril pasado, cuando millones de argentinos en todo el territorio se expresaron en defensa de la educación pública, especialmente de la universidad- se trata de avanzar en medidas conducentes a garantizar la actualización de las partidas presupuestarias de todas las universidades del país.
La preocupación por el desfinanciamiento se profundizó luego del comunicado oficial que dio cuenta de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, que incluye un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, alcanzando un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. Los radicales negaron ese acompañamiento y pidieron la sesión especial, para exigir que el mismo criterio aplicado respecto de la Universidad Nacional de Buenos Aires sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios para asegurar el normal desarrollo de las actividades académicas. En el temario a tratar se incluyeron proyectos impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de Innovación Federal. Este último fue presentado por la salteña Pamela Caletti, acompañada por sus pares Pablo Outes y Yolanda Vega. Apunta a la protección del financiamiento educativo nacional a todas las Universidades Nacionales, mediante la actualización de las partidas presupuestarias tomando como base para dicha adecuación la inflación registrada desde enero pasado.
En el planteo de toda la oposición se destaca que el Gobierno no puede promover una nueva grieta en el país. “No puede haber discriminación”, es la consigna, que debe sostenerse en el marco de los acuerdos que se negocian para tener las leyes liminares de esta gestión.
Salta, 20 de mayo de 2024
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
Comienzan a correr las horas más rápidas del año. Muchos se han despojado de la carga que aún llevaban, al entender que se agotó el tiempo de alcanzar objetivos pero queda el tramo de determinar en qué punto cierra 2025.
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
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