Petri se fotografió con Pando y otras mujeres que reclaman la libertad de genocidas

El ministro de Defensa, Luis Petri, se fotografió con Cecilia Pando y un grupo de esposas de condenados por crímenes de lesa humanidad en un acto en el que dijo que las Fuerzas Armadas fueron “demonizadas” por su actuación en los años ‘70. Pando y este grupo de mujeres vienen reclamándoles a Javier Milei y Victoria Villarruel que cumplan con sus promesas de campaña y liberen a los genocidas que están presos.

Por la mañana, Petri estuvo con las Fuerzas Armadas en Rosario. Por la tarde, asistió a un acto que se hizo en el Círculo Militar para presentar un libro sobre el coronel Argentino del Valle Larrabure, por cuya muerte los sectores pro-militares pretenden sentar en el banquillo a los militantes de los años '70. En la actividad también estuvo el obispo castrense, Santiago Olivera, quien la semana pasada estuvo reunido con Javier Milei.

“Hay un hilo (conductor) entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”, dijo Petri –que viene de las filas de la Unión Cívica Radical (UCR) pero se embanderó con las posturas más rancias de la derecha.

“Vengo a pedir perdón por el olvido de la democracia con este héroe –agregó, en un intento por emular el discurso que pronunció Néstor Kirchner hace 20 años cuando sacó a los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)--. Algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del ‘70”, agregó –de acuerdo a lo que publicó el portal Infobae.

Después del acto, Petri posó con Pando –reconocida desde hace casi 20 años por oponerse al avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y por haber amenazado con degollar al secretario de Derechos Humanos de Kirchner, Eduardo Luis Duhalde. La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) escribió en la red social X: “El ministro de Defensa comparó el narcoterrorismo con el terrorismo marxista de los 70, en un encendido homenaje al Siervo de Dios Larrabure”.

La activista pro-impunidad incluyó una foto en la que se la veía junto a otras mujeres y el ministro de Defensa. Pando procuró borrar el rostro de sus acompañantes. Sin embargo, Página/12 accedió a la foto original. Entre quienes son parte del grupo están: Ana Magi (esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, condenado a prisión perpetua por crímenes en La Perla de Córdoba), María Inés Hansen (esposa de Aldo Martínez Segón, condenado a perpetua por crímenes en Chaco) y María Inés Lamolla (esposa de Carlos Esteban Plá, condenado a perpetua por crímenes en San Luis).

Todas fueron firmantes de la carta que se publicó en enero en el diario La Nación en la que se preguntaban “por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por las vidas de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes”.

Este diario consultó en el Ministerio de Defensa por la foto y la atribuyeron a que el ministro había posado con varios de los asistentes al acto. Sin embargo, es difícil que en esos ámbitos no conozcan a Pando.

Pando y su marido, el mayor retirado Pedro Rafael Mercado, vienen reclamando que, antes de enviar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior, deben liberar a los represores que aún están presos. Las cárceles están en manos del ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, quien logró que Petri desembarcara en Defensa. El jefe de gabinete de Bullrich, Carlos Manfroni, escribió el año pasado que se estaba buscando una “solución” para los mayores de 70.

Ésa es, hoy por hoy, la principal apuesta de los sectores pro-represores. En esa línea se inscribe un pedido a la Cámara de Casación Federal para que evalúe en pleno si los mayores de 70 años pueden acceder automáticamente al beneficio del arresto domiciliario o si se requiere probar que sus patologías no pueden ser atendidas en dependencias del Servicio Penitenciario.

Los sectores militares también apuestan a que la Corte Suprema reabra la causa Larrabure o que la Cámara Federal porteña haga lo propio con la causa sobre la bomba en el edificio de Coordinación Federal –sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina y de un campo de concentración. La causa Larrabure es impulsada por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los supremos le aplican cronoterapia después de que tanto la Procuración, la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal dijeran que no se trataba de un crimen de lesa humanidad.

Página12