El cuerpo legislativo aprobó por unanimidad y giró al Senado una reforma a la llamada Ley de Ficha Limpia. La iniciativa fue de la Procuración General, a fin de incluir a delitos ligados al narcotráfico como impedimentos para que una persona pueda presentarse como candidata en una elección.
La Ley 8275, que está siendo reformada, determina que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena. Hasta la modificación que ahora se tramita el listado de delitos que impiden la candidatura de quienes hubiesen incurrido en ellos incluye los cometidos contra la administración pública, contra el Orden Económico y Financiero, contra la integridad sexual, el estado civil y la libertad de las personas.
La enumeración es extensa y trata de la malversación de caudales públicos, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, fraude, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros. Con la media sanción de este martes se sumaron los relacionados con el narcotráfico, como la tenencia, transporte, facilitación de la distribución y el tráfico de precursores químicos.
La iniciativa tiene un fuerte sentido político, que su autor ha hecho explícito en la exposición de motivos, dando como una de las razones del endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico al fortalecimiento de las instituciones de la democracia. No se trata solamente de una acción represiva sino “de enaltecer la política y recuperar la confianza en las instituciones", dicen los fundamentos. Se trata de que “desde el sistema político y de justicia penal se promuevan mecanismos de lucha efectiva contra el narcotráfico, preservando así la transparencia y seguridad de las instituciones y el bienestar de la sociedad”.
Un párrafo contundente de los fundamentos, que fue recogido por sucesivas exposiciones en el curso del debate de la norma, señala que “en esta coyuntura, la necesidad de desmantelar las organizaciones criminales no sólo responde a la mejora del sistema de justicia penal y lograr investigaciones más eficientes, sino también en avanzar en el resguardo del control territorial de las instituciones democráticas y de preservar la integridad del sistema político, especialmente en quienes ostentan cargos públicos”.
No hubo mayores menciones al respecto pero hay que indicar que la preocupación por asegurar que de los procesos electorales participen los mejores ciudadanos todavía -o ahora más que nunca- se vincula a los antecedentes que, en el fondo, concurren al rechazo que la ciudadanía tiene por la política. Si bien la ley de ficha limpia fue sancionada en octubre de 2021, no ha impedido que hayan participado y hasta resultaron electos individuos que tienen causas con pedido de elevación a juicio.
Sin que implique un juicio de valor, debe reconocerse que hay un proceso de cambio en el país. Puede resultar en una oportunidad histórica para una reconversión difícil -hasta dolorosa- que no debe dejar de lado a los protagonistas de la política.
Salta, 20 de marzo de 2024
