La Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción engloba a los investigadores de la ciudad más violenta del país. La decisión fue tomada por María Cecilia Vranicich, autoridad máxima del MPA santafesino.
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En medio de la crisis de violencia e inseguridad, una noticia sacudió el panorama judicial rosarino en las últimas horas. María Cecilia Vranicich, cabeza del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, ordenó intervenir la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción, que engloba a los investigadores de Rosario.
La intervención, según la decisión tomada en un dictamen de la fiscal general a la que accedió Infobae, durará seis meses y tendrá como fin “restaurar la cohesión interna institucional” y “reordenar los procesos de trabajo” de los fiscales. Matías Merlo, hoy a cargo de la jurisdicción de Venado Tuerto, fue designado como el interventor a cargo del proceso.
También, se la desplaza parcialmente a María Eugenia Iribarren, jefa de los fiscales rosarinos, a la que limitó territorialmente en sus funciones. Le quedarán territorios como Cañada de Gómez, Casilda, Villa Constitución y San Lorenzo, pero no el foco principal de la acción.
La decisión dada a conocer en el mediodía de este martes, según el texto, es la consecuencia de un monitoreo llevado a cabo por personal de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, que entre septiembre y diciembre del año pasado monitorearon cómo trabajaban las tres unidades más sensibles de la Justicia rosarina: Homicidios Dolosos, la Agencia de Criminalidad Organizada y Balaceras.
La supervisión de las tareas había sido ordenada por Vranicich después de que los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno denunciaran a su colega Matías Edery por presuntas irregularidades en la relación que mantenía con su informante Mariana Ortigala, sospechada de ser testaferro de “Guille” Cantero, capo de Los Monos. Desde septiembre del año pasado, la mujer está imputada y detenida por haber realizado extorsiones al dueño de una agencia de quinielas por pedido de Cantero.
Infobae.
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Lo hizo en una presentación ante el máximo tribunal en la que sostuvo que ya está en condiciones de resolver la medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 que desregula la economía.
Se presentó también una Medida Cautelar, en procura no sólo del dinero que la Provincia desembolsó en enero en el marco de ese concepto, sino también de los fondos que corresponden a los meses siguientes.
El Gobierno deberá ahora presentar información sobre su disposición a cerrar la Agencia en un plazo de cinco días hábiles, según lo dispuesto por esta resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Número 10.
Las víctimas son adolescentes que habían sido captadas en una mina de Potosí para su traslado a Buenos Aires, donde iban a ser explotadas en un taller textil.
El hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2023, cuando el acusado le prendió fuego a su hermano de 26 años, provocándole graves quemaduras que derivaron en su muerte.
El Tribunal que juzgó a Alfredo Daniel Soto consideró que se demostró la autoría del exfuncionario en dos hechos de peculado. Tras el fallo, se ordenó su inmediata detención.
El nuevo punto fijo se ubica en el CIC de Solidaridad donde se brindará además vacunación antirrábica y desparasitación. El Intendente Emiliano Durand señaló que busca "descentralizar los servicios".
El martes de la próxima semana, la totalidad de los empleados públicos provinciales cobrarán el sueldo correspondiente a abril con un incremento salarial del 9%. Además, se anunció el pago del medio aguinaldo el 19 de junio. El Fondo de Incentivo será analizado en mesas técnicas.
Autoridades salteñas se reunieron con la Directora de la Agencia de Desarrollo Francesa de Buenos Aires para analizar la posibilidad de que este organismo francés contribuya con el financiamiento de proyectos hidrogeológicos en la Provincia.
Tras recibir la propuesta salarial del Gobierno, en unanimidad los representantes gremiales anunciaron el estado de alerta y movilización. Además de una campaña informativa y de concientización.
El fabricante no especifica el número de trabajadores afectados por las medidas, pero los trabajadores denuncian que cientos se quedarán sin trabajo en Colombia y Ecuador.