La causa señala que en 2019, durante el último día de su gestión, Soto emitió tres cheques a nombre de la Municipalidad de Iruya que él mismo cobró. El monto retirado ascendía a $970 mil.
Judiciales04/03/2024
Con la declaración del imputado se reanudó hoy en la Sala I del Tribunal de Juicio la audiencia de debate seguida contra Alfredo Daniel Soto (49) por el delito de peculado (dos hechos), en concurso real. El acusado es exintendente de Iruya (2015- 2019).
El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Javier Aranibar (presidente), Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. La defensa está a cargo de Nilda Emilse Garnica. Por la parte querellante actúa Eliana Verchan, en representación de la Municipalidad de Iruya.
Soto hizo uso de su derecho a declarar y respondió a preguntas del tribunal y de las partes.
Según consta en la causa, el 9 de diciembre de 2019, último día de su gestión, el imputado emitió tres cheques a nombre de la Municipalidad de Iruya que él mismo cobró. El monto retirado ascendía a 970 mil pesos. Durante su comparecencia, sostuvo que usó el dinero para pagar deudas que tenía la comuna con proveedores de mercadería, contratistas de viviendas, planilleros (mano de obra), remisería y librería, entre otros conceptos. Dijo que esos recibos quedaron en la Municipalidad. No obstante, en junio de 2022 (ante las acusaciones en su contra) él volvió a pedirles a esos proveedores que le firmaran recibos acreditando aquellos pagos (realizados el último día de su gestión, en 2019). Estos comprobantes fueron presentados como prueba.
El imputado también fue denunciado por la falta de documentación respaldatoria en relación al destino de fondos enviados por el gobierno provincial en el marco de los planes sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero.
En relación a esta acusación, el exintendente señaló que la persona encargada de hacer las rendiciones ante el Grand Bourg era un contador que la Municipalidad había contratado. Dijo que antes de que él finalizara su gestión el profesional abandonó el cargo y se fue a vivir a otro lado. Ante consultas del tribunal señaló que no lo intimaron para que diera explicaciones acerca de las irregularidades detectadas en el reparto de los fondos.
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