Nuevamente se ve al Congreso de la Nación ubicado en el centro de la escena política. En un país hiperpresidencialista vale tomar el peso de un poder con atribuciones para ordenar la vida en común hasta en aspectos ínfimos.
Opinión03/01/2024
Planteada una puja entre un Ejecutivo dispuesto a agotar los extremos para lograr la suma del poder público, como condición para llevar adelante un proceso transformador del país apoyado mayoritariamente por la ciudadanía y un sistema institucional que establece un contrapeso con otros dos poderes, no hay dudas que en la primera línea de la resistencia está el Parlamento. Es el espacio político por excelencia y allí están representados el pueblo y las provincias como estados preexistentes a la Nación misma.
Para tener una aproximación precisa del peso del Poder Legislativo sirve tener en cuenta, por ejemplo, que es el que autoriza al Ejecutivo a declarar la guerra o hacer la paz y también tiene la facultad de declarar en estado de sitio a la Nación, lo que significa la suspensión de derechos constitucionales. Entre la amplia gama de atribuciones que configuran la naturaleza de su función, puede citarse -y solo a título ilustrativo- que es el Congreso el que admite o desecha los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República.
Es el poder que debe proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración general y universitaria. También debe concurrir al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico. Y debe cuidar que todo ello debe disponerse asegurando crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Comercio exterior e interior, límites internacionales e interprovinciales, navegación de ríos, son materias en las que interviene, al igual que en el dictado de los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social. La legislación impositiva es de su competencia exclusiva y excluyente y es el Congreso el que debe aprobar el presupuesto de gastos y recursos, autorizar empréstitos e intervenir en el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Quedan muchas otras atribuciones y todas apuntan a dar razones a un pronunciamiento en torno de un Decreto de Necesidad y Urgencia y de un proyecto de ley abarcativo de todas esas materias, que todavía no encontró el encauzamiento para avanzar hacia un debate conducente a su aprobación o rechazo.
Las iniciativas del presidente Javier Milei, en ese orden, rozan lo establecido por el Artículo 76 de la Constitución Nacional. Dispuesto a poner al país en un estado de emergencia pública, lo que trata es de evadir la estricta prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,contenida en esa norma.
Todo indica que la imposición no es el camino, más allá de un indiscutido apoyo electoral a una propuesta de cambio. Solo un diálogo respetuoso y público, dentro de los márgenes constitucionales llevará al acuerdo necesario entre las partes.
Salta, 03 de enero de 2024
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.