Nuevamente se ve al Congreso de la Nación ubicado en el centro de la escena política. En un país hiperpresidencialista vale tomar el peso de un poder con atribuciones para ordenar la vida en común hasta en aspectos ínfimos.
Opinión03/01/2024
Planteada una puja entre un Ejecutivo dispuesto a agotar los extremos para lograr la suma del poder público, como condición para llevar adelante un proceso transformador del país apoyado mayoritariamente por la ciudadanía y un sistema institucional que establece un contrapeso con otros dos poderes, no hay dudas que en la primera línea de la resistencia está el Parlamento. Es el espacio político por excelencia y allí están representados el pueblo y las provincias como estados preexistentes a la Nación misma.
Para tener una aproximación precisa del peso del Poder Legislativo sirve tener en cuenta, por ejemplo, que es el que autoriza al Ejecutivo a declarar la guerra o hacer la paz y también tiene la facultad de declarar en estado de sitio a la Nación, lo que significa la suspensión de derechos constitucionales. Entre la amplia gama de atribuciones que configuran la naturaleza de su función, puede citarse -y solo a título ilustrativo- que es el Congreso el que admite o desecha los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República.
Es el poder que debe proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración general y universitaria. También debe concurrir al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico. Y debe cuidar que todo ello debe disponerse asegurando crecimiento armónico de la Nación, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Comercio exterior e interior, límites internacionales e interprovinciales, navegación de ríos, son materias en las que interviene, al igual que en el dictado de los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social. La legislación impositiva es de su competencia exclusiva y excluyente y es el Congreso el que debe aprobar el presupuesto de gastos y recursos, autorizar empréstitos e intervenir en el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Quedan muchas otras atribuciones y todas apuntan a dar razones a un pronunciamiento en torno de un Decreto de Necesidad y Urgencia y de un proyecto de ley abarcativo de todas esas materias, que todavía no encontró el encauzamiento para avanzar hacia un debate conducente a su aprobación o rechazo.
Las iniciativas del presidente Javier Milei, en ese orden, rozan lo establecido por el Artículo 76 de la Constitución Nacional. Dispuesto a poner al país en un estado de emergencia pública, lo que trata es de evadir la estricta prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,contenida en esa norma.
Todo indica que la imposición no es el camino, más allá de un indiscutido apoyo electoral a una propuesta de cambio. Solo un diálogo respetuoso y público, dentro de los márgenes constitucionales llevará al acuerdo necesario entre las partes.
Salta, 03 de enero de 2024
Cierra otra semana en la que el protagonismo de los gobernadores fue un dato excluyente. El Ejecutivo nacional trata de alcanzar acuerdos por las reformas que propone y, en general, los gobernadores muestran predisposición a negociar, entendiendo que todavía están lejos de ver cubiertas sus demandas.
El fenómeno del “borocotismo”, nacido como una rareza política en 2005, se volvió parte del paisaje habitual de la dirigencia argentina.
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.