
En el tramo final del juicio, Marcelo Arancibia reafirmó la inocencia de los Saavedra
El letrado afirmó que ninguna prueba presentada hasta ahora vincula a sus clientes con el asesinato de Jimena Salas.


Ana Clara Pérez Ballester mantuvo su cargo tras el jury en su contra donde declararon los familiares de la víctima. La misma decisión fue tomada para la asesora de menores Elisa Catán.
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Este viernes, luego de dos semanas de un intenso jury en su contra, la Justicia de La Pampa absolvió en la Cámara de Diputados provincial de Santa Rosa a Ana Clara Pérez Ballester, la magistrada que durante la pandemia le entregó a Lucio Dupuy a sus asesinas. Pérez Ballester había sido acusada de mal desempeño en sus funciones luego de haberle otorgado la tenencia de Lucio a su madre, Magdalena Espósito Valenti y a su pareja, Abigaíl Páez, hoy condenadas a prisión perpetua por el asesinato y el abuso sexual del chico.
Así, la jueza fue reinstalada en su cargo, en medio de aplausos por la lectura del fallo, cruzados por gritos e insultos.
La misma decisión fue tomada para la asesora de menores Elisa Alejandra Catán, acusada junto a Pérez Ballester. Catán no estuvo presente en la sala, tras una situación de salud de un familiar. Tampoco asistió el procurador general subrogante que encabezó la acusación, Guillermo Sancho.
La audiencia finalizó de manera tensa, con cruces entre los familiares de Lucio y los allegados de las funcionarias que estaban ubicados en la grada de enfrente.
Las funcionarias intervinieron en los expedientes por la tutela y el cuidado personal del niño, tramitados entre marzo de 2019 y noviembre de 2020, un año antes del crimen. Llegaron al debate acusadas de “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” e “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”, según la imputación en su contra.
El tribunal del proceso estuvo compuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; las diputadas provinciales María Larreta y María Valderrama Calvo; y las abogadas Silvina Garro y María Gaccio.

El letrado afirmó que ninguna prueba presentada hasta ahora vincula a sus clientes con el asesinato de Jimena Salas.

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