Ética

Mientras no cesan las denuncias que involucran a personas del gobierno, se realizó un acto con la participación de diversos sectores, ante cuyos referentes el candidato y ministro anunció que remitirá al Congreso una ley de ética. Además, precisó que, para el caso de alcanzar la presidencia entregará a la oposición la conducción de la Oficina Anticorrupción.

En los tramos finales de una campaña que concluirá pasado mañana insistió con su convocatoria a la unidad nacional de representantes de la sociedad civil, el sistema universitario y la política, con una  agenda que se integra con el tema de integridad, ética y transparencia como temas centrales. El abordaje de un tema que es moneda corriente en cualquier grupo ciudadano, esta vez salió del plano de denuncias y puntualizaciones sobre hechos que ya tienen trámite judicial, como el retiro de fondos de cuentas de empleados que no trabajan en la administración pero cobran sueldos o el dispendio de recursos por parte de un funcionario en vacaciones suntuosas. Pero es un intento que ya realizaron gestiones anteriores.  

Cuando Massa anunció que impulsará una Ley de ética, se sumó a la cola de proyectos que se vienen presentando para actualizar, mejorar y tornar más estricta la normativa en la materia, que data de 1999, cuando presidía el país Fernando de la Rúa. Cabe aclarar que no fue un tema que se meneara durante las tres presidencias del matrimonio Kirchner pero en 2019, a poco de terminar el mandato presidencial de Mauricio Macri, la propia titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados. Dicha oficina  es autoridad de aplicación de la ley vigente.

Al fundamentar la iniciativa, Alonso marcó  el vínculo sustancial que existe entre la legitimidad democrática y la lucha contra la corrupción y destacó que “la ética en el ejercicio de la función pública es un pilar fundamental”. Entre otros puntos, proponía una variedad de prohibiciones específicas de designaciones de familiares en todos los poderes y proponía establecer un formulario electrónico único para las declaraciones juradas de todos los poderes del Estado. La iniciativa nunca se trató.

Su sucesor en el gobierno de Alberto Fernández, Félix Crous, se apuró a presentar un Ante proyecto de Ley de “Ética e Integridad Pública” al Poder Ejecutivo Nacional. Una mera enumeración de lo que proponía da cuenta del esfuerzo por aliviar restricciones; por ejemplo, consagraba la indemnidad de un funcionario público en caso de actuar por instrucciones de sus superiores e incluía la eliminación  de la prohibición de usar la publicidad oficial para promoción personal de los funcionarios. El proyecto nunca llegó al Congreso.

En ninguno de los casos se proponía que la Oficina Anticorrupción tuviese la independencia necesaria que exigen los tratados internacionales firmados por la Argentina en materia anticorrupción. Lo más cercano a ello fue la decisión del actual presidente de darle más independencia funcional, que no sirvió de mucho a la luz de los resultados.

Reconocen los especialistas que la ética pública define principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta de quien se desempeña una función pública. Son pautas de conducta que posibilitan un mejor desarrollo de la convivencia, de la autonomía y de la libertad de la persona. Una ley de ética de la función pública es de aplicación imprescindible en la administración; también es un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder público y es un instrumento fundamental para evitar la corrupción.

En la actualidad existe una gran crisis de valores que afecta directamente el buen funcionamiento de la administración pública. Es conveniente recuperar los principios éticos con el fin de contribuir a superar la ruptura que se está instalando entre la política y la sociedad.

Salta, 15 de noviembre de 2023