Otra vuelta más de la calesita de la Ciénaga

El paso del tiempo no ha borrado de la memoria colectiva la conexión de un acto sospechado de corrupción con la gestión de un Gobernador que inauguró en la Provincia la reelección y con sucesivas reformas constitucionales ejerció tres mandatos. Juan Carlos Romero, actual senador nacional, es la cabeza visible de esta causa que se inició el 4 de octubre de 2010, con la denuncia de un grupo de abogados y periodistas de la sustracción de un inmueble del patrimonio del Estado provincial para incorporarlo al patrimonio familiar de quien gobernaba en 1998, cuando comenzó a ejecutarse la maniobra.

Fue la fiscal penal María Inés Loyola quien tomó el caso y entendió que el exgobernador Juan Carlos Romero se valió de un grupo de personas para favorecer a su hijo Juan Esteban Romero, actual diputado, con la transferencia  de 90 hectáreas destinadas al Programa Familia Propietaria para lotearlas a favor de población vulnerable y que fueron a parar a una empresa que el legislador provincial presidía. De inmediato imputó al exmandatario como autor mediato en el delito de peculado.

Otras trece personas actuaron para darle visos de legalidad a la operación que se inició en julio de 1998 y concluyó en diciembre de 2009, cuando la empresa Estancia El Carmen Sociedad Anónima inscribió como propias las tierras de La Ciénaga. Menos de un año después comenzó otro largo periplo para que la Justicia determine su legalidad o sancione, como aún se sigue esperando, un delito de corrupción.

La estrategia defensiva del senador Romero se asentó en la dilación mediante diversas maniobras y recursos legales que también le sirvieron para evitar la indagatoria. El expediente llegó, por algunos incidentes, a la Corte de Justicia, para concluir finalmente en su archivo en 2018, luego que se declarara la nulidad de todo lo actuado.

Desde entonces hubo un intento de los acusados por lograr el sobreseimiento, planteo que el 31 de mayo de 2021 la Jueza de garantía de 5ta nominación, María Edith Rodríguez, decidió no hacer lugar.

En este grupo no solo están el exgobernador y su hijo Juan Esteban sino otros referentes de ese grupo de poder como Rubén Fortuny, Carlos Abeleira y Lucas Amado, quienes ocuparon cargos relevantes en el Gobierno Provincial desde 1995; los escribanos María Cecilia Pérez de la Fuente, Laura Inés Wayar y Víctor Manuel Brizuela, quien además fue ministro de Gobierno de Juan Carlos Romero. 

Distintas circunstancias sirven para recordar que las tierras de La Ciénaga no están donde debieran ni cumplen su objetivo social original. También pone de relieve que el sistema institucional provincial y nacional adolece de fallas que le quitan calidad y fortalecen la creciente opinión negativa que la sociedad tiene sobre la política y la Justicia. El hecho que el senador nacional Romero tuviera varias causas con el denominador común de la corrupción y ninguna perturbara sus sucesivos mandatos parlamentarios, sostienen los cuestionamientos sobre las cámaras legislativas. 

En ese plano cabe recordar que cuando en agosto de 2020 su par Oscar Parrilli le trabó una cuestión de privilegio, fue una ocasión propicia para enrostrar al Senado su reticencia a desaforar al legislador salteño, pese a los repetidos pedidos realizados por la Justicia provincial para avanzar en la investigación de una causa por enriquecimiento ilícito. Parrilli consideró que la actitud del senador Romero ofende a todos los senadores, porque hace suponer que no se someten a la acción de la Justicia.

En tanto, cuando todo parecía que ingresaba al oscuro cono del olvido, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, en agosto de 2022, advirtió que la causa La Ciénaga debía resolverse porque su archivo no indicaba que esté cerrada. Describió las decisiones judiciales que la pusieron en ese estado e incluso, que fue un juez de transición quien lo hizo y requirió su desarchivo. 

En octubre de 2022, la causa La Ciénaga se giró al juzgado de Garantías N° 5, a cargo interinamente de Ada Zunino e intervino la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorissio, quien retomó la investigación. En esta instancia, la defensa del senador Juan Carlos Romero insistió en el pedido de sobreseimiento y la fiscalía expresó su oposición. 

Zunino rechazó el pedido de la defensa aceptando la argumentación fiscal y la causa pasó al Tribunal de Impugnación para su resolución, en otra vuelta de una calesita infinita.